El gobierno provincial ha dispuesto la implementación de "inspecciones socioambientales" para todo el personal policial joven, incluyendo aspirantes, cadetes y agentes recién egresados. Esta decisión surge en respuesta a la detención de una suboficial de 21 años, sospechosa de filtrar información a su novio, quien se encuentra detenido.
La directiva, emitida por las autoridades santafesinas, busca identificar y detectar "comportamientos, pautas de conducta y relaciones" que puedan comprometer el desempeño de los efectivos o socavar la "confianza pública" en las instituciones de seguridad. Las inspecciones abarcarán tanto a la Policía de la Provincia de Santa Fe como al Servicio Penitenciario, con el objetivo de reforzar la "integridad" y la "idoneidad" del personal.
La medida se fundamenta en la necesidad de garantizar que los agentes no presenten "condiciones o vínculos" que puedan derivar en actos de corrupción o afectar la "transparencia" de las fuerzas. Este enfoque preventivo busca abordar posibles vulnerabilidades desde las etapas iniciales de la carrera policial.
Este no es un incidente aislado; la preocupación por la conducta de los nuevos ingresos ya se había manifestado previamente. Se recuerda un caso anterior donde cinco policías recién graduados fueron apartados de sus funciones tras publicar fotografías en redes sociales posando con sus armas reglamentarias, lo que en su momento generó un "fuerte cuestionamiento" sobre la "profesionalidad" de los egresados. La actual directriz es un paso más en la búsqueda de "fortalecer la ética" y el "comportamiento adecuado" dentro de las filas policiales.
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