Gobierno da marcha atrás con polémica resolución sobre pensiones por discapacidad tras críticas

Tras varios meses de controversia generada por la revisión de las pensiones por discapacidad, el gobierno nacional oficializó este martes la derogación de la resolución 187/25. De esta manera, quedó sin efecto el nuevo régimen que había suscitado fuertes críticas por parte de beneficiarios y organizaciones de asistencia, lo que llevó al Poder Ejecutivo a anunciar la introducción de mejoras y correcciones.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, representa un giro en la reforma del sistema de aportes no contributivos por invalidez laboral. Esta decisión se venía gestando desde fines de febrero, cuando las autoridades reconocieron un error en el uso de términos como "idiota" o "imbécil" para referirse a la situación de las personas que perciben o solicitan este tipo de ingreso.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, concretó el primer paso para rectificar la situación a través de la resolución 1.172/25. Si bien esta instancia anula la normativa emitida a mediados de enero, aún restan otras medidas para actualizar integralmente el sistema de asistencia.

En los considerandos del texto oficial, el gobierno reconoce haber recibido diversas "observaciones" respecto a la fiscalización de las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. A partir de estas, los funcionarios identificaron "oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho baremo".

Según fuentes oficiales, las reformas proyectadas se centrarán "especialmente en lo referido a la incorporación de referencias a normativas internacionales". Adicionalmente, un informe de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó la elaboración de una nueva propuesta para actualizar aspectos técnicos y metodológicos del proceso.

Por el momento, la Andis se limitó a derogar la resolución previa que contenía el baremo que generó el desacuerdo entre las personas con discapacidad y las organizaciones del sector. A través de la misma vía, se dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos para llevar a cabo las modificaciones necesarias.

A principios de año, el gobierno había iniciado la revisión del régimen de pensiones como una "lucha contra el malgasto de los recursos". Su objetivo declarado es eliminar la arbitrariedad en el otorgamiento de las PNC para asegurar que "cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos".

Los ajustes en la normativa se produjeron dos semanas después de las manifestaciones en protesta por las demoras en el tratamiento del proyecto de ley de emergencia en discapacidad. La Andis había criticado la iniciativa del Congreso a fines de abril argumentando que "multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían".

De acuerdo con el análisis del Poder Ejecutivo nacional, la declaración no plantea "soluciones sostenibles", ya que promueve de manera masiva la cobertura o el monto de las prestaciones sin especificar la fuente de financiamiento. "Quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política", sostuvieron las autoridades.

Desde la Andis recordaron que en 2003 existían 80.000 PNC por invalidez laboral. Veinte años después, el total ascendía a 1.250.000 personas registradas, incluyendo algunas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos. En este contexto, el gobierno defendió el proceso de auditoría y advirtió que "frenar esta tarea con un proyecto inconsistente no resolvería los problemas: los agravaría".