El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este viernes una modificación en el curso de la investigación por corrupción policial que sacude a Rosario. Los responsables de la causa anunciaron la liberación de dos agentes de las fuerzas de seguridad que inicialmente habían sido aprehendidos.
Tras la realización de 36 procedimientos en diversas dependencias policiales locales y regionales, la Fiscalía reconsideró algunas de las órdenes de captura emitidas el lunes pasado. En contraste, otras 18 personas permanecen bajo arresto, acusadas de la presunta malversación de fondos destinados a la compra de combustible para los vehículos policiales.
Adicionalmente, el organismo judicial informó que la audiencia imputativa se llevará a cabo el martes 13 de mayo, una semana después de los allanamientos y requisas efectuadas en distintas secciones de la Policía de Rosario. Paralelamente al proceso penal, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe mantiene la intervención en la Unidad Regional II.
En relación al desarrollo de la causa, el MPA confirmó que, tras el operativo del lunes, se produjo la detención de 16 policías y cuatro civiles. Dentro del primer grupo, el fiscal José Luis Caterina tomó la decisión de liberar a dos uniformados que inicialmente se encontraban bajo sospecha en el marco de la investigación.
Se trata de Francisco T., perteneciente al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), y Ramón S., con el mismo rango y miembro del Comando Radioeléctrico. A partir de las pruebas recabadas en los últimos días, las autoridades judiciales consideran que ninguno de ellos tuvo una participación directa en el desvío de los fondos destinados a la adquisición de combustible.
En lo que respecta al avance del proceso penal, el MPA sostiene que los uniformados liberados no representan un obstáculo para el desarrollo de la investigación, por lo que no se considera necesario mantenerlos privados de su libertad. De esta manera, se redujo el número de efectivos policiales que serán imputados la próxima semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Al margen de la situación de estos dos agentes, la lista de detenidos incluye a varios individuos que ocupan puestos jerárquicos dentro de la institución policial. En total, fueron arrestados tres jefes y dos subjefes de la Unidad Regional II con diversas funciones.
Entre los sospechosos bajo arresto se encuentra Davina P., quien se desempeñaba como la segunda autoridad en los Talleres Mecánicos Tarragona. También figuran el comisario Fabián F., a cargo de las áreas de Perros y Caballería, y el inspector Mario B., segundo al mando en dicha sección. Asimismo, la Fiscalía solicitó la detención del comisario supervisor Rodrigo D., quien estaba al frente de la Secretaría Privada de la Jefatura de la Unidad Regional II, y del comisario supervisor Gerardo R., jefe del Garage de Distribución de Combustible.
La investigación se inició en julio de 2024 a raíz de una denuncia sobre la existencia de facturas apócrifas de estaciones de servicio. Se detectó que las compras realizadas a través del sistema Visa Flota registraban un valor inferior a la cantidad de combustible que efectivamente cargaban los uniformados. El gobierno provincial estima que esta red de corrupción generó un perjuicio económico de 45 millones de pesos mensuales.
Si bien los policías son los principales implicados en la causa, el MPA también ordenó la detención de cuatro personas vinculadas con la playa Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, en cercanías de la Jefatura de la Unidad Regional II. La presunta conexión de estas personas con los delitos denunciados será detallada durante la audiencia del próximo martes, que comenzará a las 8 de la mañana.
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