La concejala Fernanda Gigliani ha manifestado su profunda preocupación ante la desregulación de capitales no declarados, anunciada por el gobierno nacional. Según Gigliani, esta medida representa un ataque directo a la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, un aspecto especialmente crítico en una ciudad como Rosario, históricamente afectada por el narcotráfico.
Gigliani alertó que la ausencia de controles eficientes en este proceso de blanqueo de capitales podría facilitar la legitimación de fondos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y la evasión fiscal. "Esta medida permitiría a personas físicas y jurídicas ingresar al sistema económico fondos cuyo origen no se encuentra acreditado, sin controles eficientes, lo que podría habilitar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas", sostuvo. Su postura se fundamenta en la experiencia local, donde el lavado de dinero ha sido una herramienta fundamental para las organizaciones criminales.
La ciudad de Rosario ha sido pionera en el desarrollo de herramientas institucionales para la prevención del lavado de activos, como la Ordenanza N° 9204/2014, que estableció el Sistema de Control Económico Financiero de Grandes Inversiones, y la Ordenanza N° 10370, que creó la Oficina Municipal de Prevención y Control del Lavado de Dinero. La concejala resaltó la apertura en 2022 de una delegación regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario, un logro histórico resultado de una demanda constante de fiscales, jueces federales y organismos municipales, considerada una herramienta crucial para el control de operaciones sospechosas en una región altamente vulnerable.
Organismos nacionales como la UIF, la AFIP, el BCRA y el Ministerio Público Fiscal han emitido reiteradas advertencias sobre los riesgos de implementar políticas de blanqueo de capitales sin la debida supervisión.
"Medidas de desregulación como la anunciada por el Gobierno Nacional colisionan con las políticas públicas de transparencia y control que la ciudad de Rosario ha sostenido en los últimos años y que representan un serio retroceso en la lucha contra el crimen organizado", enfatizó Gigliani. Finalizó su intervención solicitando al municipio garantizar el pleno funcionamiento de los organismos locales dedicados al control de activos, independientemente de la continuidad o accionar de las reparticiones nacionales.
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