La Inspección General de Justicia (IGJ), adscrita a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, formalizó la transformación de cinco empresas estatales en Sociedades Anónimas (S.A.) como parte del ambicioso plan de reforma del gobierno de Javier Milei. Según comunicó la cartera, el objetivo es "terminar con el uso político de empresas públicas", exigiendo a las nuevas sociedades que rindan cuentas, presenten balances y operen bajo estándares comparables a los del sector privado.
Las entidades que integran esta medida son:
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Corporación Buenos Aires Sur
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Fabricaciones Militares
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Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)
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Administración General de Puertos (AGP), la cual fue absorbida por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)
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Télam, que fue directamente "disuelta"
En el comunicado difundido bajo el título "Motosierra", el Ministerio de Justicia enfatizó que esta iniciativa se enmarca en la modernización del Estado, alineada con la política de reducción del gasto público y la reorganización integral del aparato estatal.
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