Impulsan capacitación judicial para evaluar a policías que actúan en legítima defensa

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, presentó este martes en Rosario el proyecto de ley denominado Ley Luciano, una iniciativa que apunta a capacitar a funcionarios judiciales para evaluar jurídicamente el accionar policial en casos de presunta legítima defensa. La propuesta busca que jueces, fiscales y defensores públicos comprendan el contexto emocional y psicológico en el que un agente debe decidir si utilizar o no su arma reglamentaria.

El proyecto fue bautizado en honor a Luciano Nocelli, un policía que en noviembre de 2024 recuperó la libertad tras la anulación de su condena por la muerte de dos delincuentes en un enfrentamiento ocurrido en 2019 en Buenos Aires y 27 de Febrero, Rosario. Si bien aún resta un nuevo fallo judicial, Nocelli actualmente trabaja en una oficina del Ministerio de Seguridad.

Durante la conferencia de prensa realizada en la sede local de Gobernación, Cococcioni —acompañado por el senador departamental Ciro Seisas— explicó que el objetivo es que la Justicia entienda el impacto del estrés operativo: “Reproducir las situaciones que uno se va a encontrar en la calle en el ejercicio profesional no es algo linealmente posible. Se trata de recrear con el mayor grado de aproximación posible un acostumbramiento de manejar situaciones de emocionalidad, de estrés, de entrenar reflejos y la mecánica de respuestas ante una agresión”, afirmó.

Además, el funcionario destacó la necesidad de enviar una señal clara desde el Estado: “Es importante que demos una señal clara entre todos los poderes del estado. Es un condicionamiento psicológico. El policía percibe claramente cuando el estado le dice 'quedate en el molde, no saqués el arma porque es más problema para vos'”. Y agregó que, si bien podrían avanzar por decreto o resolución, “nos pareció importante como expresión del sistema democrático que se haga por ley. Aparte me parece interesante que sea el senador por el departamento Rosario, que ha sido un lugar castigado en los últimos años por la violencia extrema, quien impulse este debate”.

En caso de aprobarse, Cococcioni anticipó que “se está trabajando en un programa de capacitación que lo pondríamos a disposición a partir de los próximos concursos a convocarse. Una vez que esta ley esté vigente, habrá un período de implementación. En adelante, toda persona que se postule para un cargo en el sistema penal ya sea como magistrado, fiscal o defensor, sí o sí tendrá a disposición estas actividades de capacitación sin las cuales no podrá participar”.

Por su parte, el senador Ciro Seisas sostuvo que en materia de seguridad “hubo un debate, pero se resolvió con diálogo para avanzar hacia un plan que implique una política estructural, que contemple inversión”. Subrayó que muchas de las leyes aprobadas se lograron “porque hubo una inversión como nunca en la historia en materia de penales y en equipamiento de las fuerzas de seguridad”, y que el Estado entendió que debía “reestablecer el orden en la calle, dividiendo la ciudad para saber dónde se necesita mayor despliegue”.

Al referirse al espíritu del proyecto, Seisas concluyó: “En esa dirección planteamos esta idea que sabemos será debatida porque le estamos dando una herramienta más a la justicia. No estamos contraviniendo lo que ya hacen los fiscales o los jueces, ni a los defensores públicos. Al contrario, les estamos dando una herramienta más para que tengan una capacidad mucho más cabal en un sentido mucho más práctico a la hora de saber a qué se enfrenta un agente, combatiendo el crimen en las calles. Tiene que tener respaldo civil”.