El Gobierno posterga reformas en seguridad y prioriza leyes clave para cumplir con el FMI

El Gobierno posterga la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y el envío de la nueva Ley de Seguridad Nacional al Congreso. El Ejecutivo asegura que le dará prioridad a los proyectos que modifican los regímenes laboral, impositivo y previsional, que forman parte del esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones.

Desde Casa Rosada sostienen que no cuentan con los apoyos necesarios en el Congreso para promover reformas en la operatividad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A su vez, descartan avanzar mediante decretos presidenciales. “Lo que tiremos ahora va a rebotar. Es una discusión para dar más adelante”, afirman desde el entorno gubernamental.

El equipo técnico de Balcarce 50 —bajo la coordinación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal— ya elaboró los borradores de reformas que modificarían la Ley de Seguridad Nacional (25.520), la Ley de Defensa (23.554) y la propia Ley de Inteligencia (25.520). El oficialismo apunta a ampliar las atribuciones de las fuerzas armadas en el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de derribar avionetas que violen el espacio aéreo, así como habilitar a los espías a operar en el extranjero.

Entre las iniciativas también se contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar la estrategia exterior, con participación del presidente, los ministros de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. Este modelo toma como referencia la Acta de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sancionada en 1947 bajo la presidencia de Harry Truman.

Por otro lado, el Gobierno también decidió poner en pausa la transformación de la Policía Federal hacia una agencia de investigación criminal, medida que originalmente iba a ser dispuesta por decreto. Esta iniciativa había sido anunciada por Javier Milei durante la cadena nacional del 10 de diciembre de 2024. Desde el Ejecutivo reconocen: “No está todavía. Faltan detalles. No vamos a moverlo en el corto plazo”.

Fuentes de TN confirmaron que existe un borrador avanzado de la propuesta, que incluiría un nuevo proceso de reclutamiento de agentes y un incremento del personal de investigación del 15% al 40%. También se planifica un despliegue territorial de las fuerzas hacia el interior del país.

La iniciativa contempla un aumento anual del 10% en la cantidad de efectivos en provincias, buscando revertir la actual concentración de agentes: el 70% está destinado a la Ciudad y provincia de Buenos Aires, mientras que el 30% restante actúa en las Unidades Operativas Federales del resto del país. El objetivo es alcanzar una distribución del 60/40% para 2026.

Los cambios propuestos requieren un decreto presidencial que modifique la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965). El modelo de referencia es la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, aunque el Gobierno argentino pretende que la fuerza conserve también su rol en la custodia y seguridad de los bienes del Estado.