Vicentin: amplían la acusación por asociación ilícita

La Fiscalía de Delitos Complejos inició este jueves la audiencia imputativa contra cuatro exdirectivos de Vicentin, quienes fueron detenidos el pasado fin de semana en el marco de una investigación por estafa. La jornada, que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario, quedó en pausa cerca de las 20 horas, cuando los jueces resolvieron un cuarto intermedio hasta este viernes.

Según expusieron los fiscales en la audiencia, los acusados habrían seguido manejando los hilos de la cerealera aún después del default de 2019, en combinación con sus reemplazos, lo que habría generado un perjuicio patrimonial millonario para la compañía. Ante esto, la Fiscalía anunció que ampliará la acusación por asociación ilícita, originalmente formulada en diciembre de 2023.

Detenciones y cargos

El operativo que derivó en las detenciones incluyó 20 allanamientos y llevó al arresto de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, todos exjerarcas de Vicentin en el momento del default. Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja ya los habían acusado en su momento de liderar una asociación ilícita creada para engañar a productores y entidades bancarias sobre la real situación financiera de la empresa, con el objetivo de seguir obteniendo créditos y granos que luego no devolvieron.

En la audiencia, los fiscales sostuvieron que los cuatro detenidos continuaron tomando decisiones en la empresa hasta fines de 2024, generando una erosión patrimonial de $890 millones, equivalentes a 20.400 salarios mínimos del momento de las maniobras denunciadas. El perjuicio habría sido causado a través de administración fraudulenta, con vínculos entre los exdirectivos detenidos y el directorio que surgió tras la crisis de pagos de diciembre de 2019.

Por este motivo, la acusación por asociación ilícita formulada en 2023 se amplió, incluyendo ahora a nuevos directivos relacionados con la gestión posterior al default.

Pruebas y maniobras fraudulentas

Para respaldar la acusación, los fiscales presentaron una serie de pruebas documentales, como correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación, que demostrarían cómo la estructura directiva adoptó decisiones perjudiciales para la empresa y sus acreedores.

Entre las maniobras denunciadas figuran:

• La venta de una aeronave perteneciente a la compañía.

• Pagos de consultorías y fianzas, así como servicios periodísticos.

• Uso de fondos de la empresa para costear los honorarios de los abogados defensores de los acusados.

Según la Fiscalía, los perjuicios no solo impactaron a Vicentin S.A.I.C., sino también a empresas vinculadas, como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.

Debate y controversias

Uno de los momentos de mayor tensión en la audiencia se produjo cuando los abogados defensores cuestionaron la exposición de ciertas cifras, alegando que afectaban la privacidad de sus clientes. Finalmente, el tribunal decidió eliminar los montos específicos durante la exposición oral, aunque se mantuvieron referencias generales a pagos millonarios por asesoramiento legal.

La audiencia, que debía comenzar a las 14 horas, inició con una hora de retraso y luego se interrumpió durante dos horas para permitir el traslado de Scarel y Macua, quienes permanecían detenidos bajo el protocolo de alta peligrosidad. La defensa argumentó que recibió la imputación recién a las 3 de la madrugada del jueves y enfrentó dificultades para compartirla con sus clientes, lo que derivó en ajustes en la modalidad de participación.

Continuidad del proceso

Durante el debate también se abordaron cuestiones procesales, como la incorporación de nuevos querellantes y el tratamiento de la facturación de los abogados. Finalmente, tras múltiples interrupciones, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Fopiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana, decidió postergar la audiencia hasta este viernes.

En la próxima sesión, se espera que la Fiscalía solicite prisión preventiva para algunos de los imputados, tras lo cual será el turno de la defensa para responder.

En 2023, los fiscales ya habían acusado a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza de integrar una asociación ilícita. Ahora, buscan sumar a la lista a Estanislao Bourgain y Carlos Sartor, quienes habrían participado de las maniobras luego del default.