La Corte rechazó la licencia a Ariel Lijo y por ahora no asume

Con el gobierno a la defensiva por el criptogate, se reducen las chances de Ariel Lijo en la Corte

En medio de un escenario político complejo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de licencia extraordinaria solicitado por Ariel Lijo, quien pretendía asumir en el máximo tribunal sin dejar su cargo como titular del Juzgado Federal N°4. La negativa impide que el magistrado asuma como ministro de la Corte, tal como había sido decretado por el presidente Javier Milei.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, este último designado por decreto junto a Lijo y quien juró la semana pasada como nuevo miembro del tribunal. En cambio, el único voto a favor de concederle la licencia fue el de Ricardo Lorenzetti, quien había impulsado su designación.

Lijo, entre la Corte y su actual juzgado

Tras el revés judicial, Lijo deberá esperar en su juzgado en Comodoro Py a la definición del Senado, que en los próximos días podría otorgarle el acuerdo necesario para asumir en la Corte de manera definitiva. Si la Cámara Alta decide tratar su pliego y lo aprueba, el magistrado accedería a un cargo vitalicio en el máximo tribunal.

Sin embargo, Lijo no está dispuesto a renunciar a su puesto actual sin garantías de estabilidad, ya que de no obtener el respaldo legislativo, correría el riesgo de quedarse sin ninguno de los dos cargos.

El presidente Javier Milei había designado al juez "en comisión", una figura que le permite asumir provisoriamente, pero cuyo nombramiento expira al final del siguiente período ordinario. Mientras tanto, el Senado aún tiene la facultad de validarlo o rechazarlo.

En paralelo, el caso de Manuel García-Mansilla tampoco está cerrado. Su pliego no obtuvo las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en el recinto para lograr su aprobación definitiva. Pese a haber jurado como juez, su nombramiento está sujeto a un plazo de un año, lo que aumenta la incertidumbre sobre su permanencia en la Corte.