Este martes comenzó en los Tribunales Federales de Rosario el juicio oral y público por la muerte de Giuliana Maldovan (20) y Lucas Liveratore (34), ocurrida tras la ingesta de estupefacientes en la fiesta electrónica "Sasha New Year Even Party", celebrada el 31 de diciembre de 2016 en el complejo Punta Stage, de Arroyo Seco.
Cinco acusados en el banquillo
El juicio tiene como imputados a cuatro organizadores del evento y al exintendente de Arroyo Seco, Nizar Esper. Los empresarios Alan David Van Brook y Gino Piazzese Scaglia, de Live Art Producciones, junto a Germán Pablo Dalinger y Esteban Gómez, de la firma Yameli SRL, están acusados de facilitación de espacio para la comercialización y consumo de drogas. En tanto, Esper enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber autorizado la realización del evento con presuntas irregularidades.
Detalles del proceso judicial
El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Nº3, conformado por los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Eugenio Martínez Ferrero y Eduardo Rodríguez da Cruz. La acusación está a cargo del fiscal general Federico Reynares Solari, con pruebas recabadas en la instrucción realizada por el fiscal federal Claudio Kishimoto, en conjunto con Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Las audiencias están programadas para los días 18 y 26 de marzo; 9, 16, 23 y 30 de abril; y 14 de mayo, todas a partir de las 9:30.
"No se juzgan las muertes, sino la facilitación de drogas"
El fiscal Reynares Solari explicó que el juicio "no busca determinar la causa de las muertes", sino si la estructura organizativa de la fiesta permitió la distribución de drogas sintéticas y si hubo negligencia por parte del exintendente al autorizar el evento.
"El camino fue largo porque, en este tipo de eventos donde suceden tragedias, muchas veces se tiende a atribuir lo ocurrido a una fatalidad. Pero aquí se investiga si hubo responsabilidades concretas", afirmó el fiscal.
El juicio se presenta como un caso clave para establecer posibles fallas en el control de fiestas electrónicas y la responsabilidad de organizadores y funcionarios en la regulación de este tipo de eventos.
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