La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, avanzó con una reforma histórica en las leyes de ciudadanía, restringiendo el acceso a descendientes de inmigrantes italianos, con un fuerte impacto en Argentina. A pesar de su buena relación política con el presidente Javier Milei, la medida excluye a una gran cantidad de solicitantes latinoamericanos, particularmente aquellos cuyos antepasados llegaron tras la Segunda Guerra Mundial.
El Consejo de Ministros aprobó la reforma con el argumento de evitar “abusos” y la “comercialización” del pasaporte europeo. El canciller y vicepresidente Antonio Tajani defendió la decisión afirmando que “la nacionalidad debe ser una cosa seria”, y anticipó que podrían sumarse nuevos requisitos, como el conocimiento del idioma, la cultura italiana y la residencia efectiva en el país.
Quiénes quedan excluidos
La reforma elimina el acceso a la ciudadanía para quienes descienden de bisabuelos italianos, una vía que muchos argentinos utilizaban amparados en el principio del "ius sanguinis". Según cifras oficiales, más de 30.000 argentinos obtuvieron la ciudadanía en 2024, pero ahora solo podrán solicitarla hijos y nietos de italianos nacidos en Italia.
Con consulados colapsados y tiempos de espera de hasta una década, el gobierno italiano justifica la decisión como una modernización del sistema, pero para la comunidad ítalo-argentina representa una restricción que cierra una de las puertas más utilizadas para obtener la ciudadanía.
Esta medida, tomada en el marco de una relación diplomática estable con Milei, ha generado descontento en sectores de la comunidad ítalo-argentina, que esperaban mayor flexibilidad del gobierno de derecha.
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