Administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita. Esos son los delitos por los cuales fueron imputadas 19 personas vinculadas a Vicentin, entre ellos cuatro ex directivos que quedaron detenidos. La acusación apunta a que utilizaron fondos de empresas satélites para cubrir gastos personales por un monto cercano a 6 mil millones de pesos a valor actual.
La investigación, a cargo de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, se centra en el período comprendido entre fines de 2019 y 2024, cuando la firma ya estaba en concurso. A pesar de ello, los ex directivos continuaron ejerciendo poder y desviando dinero de empresas del grupo para solventar honorarios de abogados y otros gastos personales.
Fraude y desvío de fondos
En la causa principal, la estafa asciende a 700 millones de dólares, y actualmente se encuentra en la etapa previa al juicio oral. A esta se sumó una segunda investigación, que surgió a partir de la denuncia de un accionista que alertó sobre el manejo de fondos para fines personales. Esto llevó a un allanamiento en diciembre de 2023, que derivó en las recientes imputaciones.
Según la Fiscalía, el perjuicio asciende a 6 mil millones de pesos a valor actual, lo que configura el delito de administración fraudulenta. Narvaja detalló que, en términos nominales, el daño fue de 800 millones de pesos, pero al ajustar la cifra según el salario mínimo vital y móvil, el monto real llega a la cifra millonaria actual.
Los fiscales señalaron que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no tiene competencia para controlar las empresas del grupo que no están concursadas, lo que permitió que los ex directivos siguieran desviando fondos sin restricciones.
Prisión preventiva y medidas cautelares
De los 19 imputados, 13 ex directivos ya habían sido investigados y ahora enfrentan una ampliación de los cargos. Además, se sumaron tres nuevos directivos a la acusación por asociación ilícita, junto con los actuales presidente, vicepresidente y director de la compañía.
En el caso de los cuatro ex directivos detenidos, la Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días, con la posibilidad de extender la medida si la Fiscalía presenta la acusación formal antes del vencimiento del plazo. Se los señala como jefes de la asociación ilícita.
Los 15 imputados restantes enfrentan medidas restrictivas por dos años, incluyendo prohibición de contacto con los detenidos, restricción para salir del país, el pago de una fianza y la obligación de presentarse mensualmente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Según Moreno, la investigación demostró que las maniobras fraudulentas persistieron a lo largo del tiempo, y que la asociación ilícita pasó de buscar ganancias ilícitas a consolidar el provecho del delito y garantizar impunidad para sus integrantes.
Pagos a periodistas y desinformación
Al ser consultado sobre la existencia de pagos a periodistas porteños por parte de Vicentin, el fiscal confirmó que la empresa financió a comunicadores que desinformaron a través de Twitter.
"Esos periodistas han desinformado en cierta forma mediante cuentas en redes sociales", afirmó Moreno, agregando que han cuestionado el accionar de la Fiscalía con argumentos falsos. También destacó que algunas comparaciones con otras investigaciones no fueron válidas, ya que en esos casos no se detectaron delitos y las causas fueron archivadas por la Fiscalía General.
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