Jueza Servini ratifica denuncias contra Milei por el escándalo de Libra

María Romilda Servini, designada para conducir las denuncias contra Javier Milei (Foto: CIJ)

La jueza federal María Servini fue sorteada para encargarse de las denuncias presentadas contra el presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda Libra. Durante esta semana, Servini inició el proceso de solicitar a los denunciantes la ratificación de sus acusaciones, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 ya comenzó a recibir declaraciones.

Una vez concluidas estas diligencias, el fiscal federal Eduardo Taiano determinará si las denuncias contienen elementos suficientes para avanzar con una causa penal, conforme al artículo 180 del Código Procesal Penal. En Comodoro Rivadavia, se comenta que es poco probable que Taiano desestime la causa, en medio de la polémica generada por la promoción del token Libra. Cabe recordar que, tras la publicación en redes, la moneda pasó de tener un valor mínimo a alcanzar US$5,20, para luego desplomarse con la salida de sus principales inversores.

Hasta el momento, se han acumulado 112 denuncias contra Milei, todas canalizadas a través del juzgado de Servini. La primera denuncia, presentada por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, impulsó la vinculación de las demás; según fuentes judiciales, “están todas unidas en una sola”. En el documento inicial se afirmaba que Milei “formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda Libra, afectando a más de 40.000 personas y causando pérdidas de más de cuatro millones de dólares”.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el asunto de las criptomonedas es “un tema personal entre privados”, y el mandatario ha declarado en diálogo con ¿La Ves?: “Yo no cometí ningún delito, la Justicia va a definir esto”.

En caso de avanzar la investigación, Taiano analizará las acusaciones para calificar posibles delitos, entre ellos estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. Se prevé que la Justicia solicite peritajes en dispositivos electrónicos y, en su caso, recurra a un exhorto internacional para facilitar la cooperación entre jurisdicciones.