En una jornada que ha estremecido el ámbito judicial y social de la región, se han dictado sentencias en dos procesos de alta relevancia. Por un lado, la condena a la obstetra María Giménez por homicidio culposo y lesiones culposas; por otro, la aceptación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en un juicio por lavado de activos relacionado con la administración de una cueva financiera en el Complejo Amarras Center.
Caso de Negligencia Médica en Partos Domiciliarios
El 22 de febrero de 2025, a las 17:49 hs, se emitió la sentencia en el Centro de Justicia Penal tras un prolongado juicio contra la obstetra María Giménez, de 69 años, quien fue condenada a 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial. La acusación se enmarca en hechos ocurridos en dos ocasiones:
El primer incidente se produjo el 4 de mayo de 2015 en una casa de Soldini. Según los antecedentes, la médica atendió a una mujer que se encontraba a punto de dar a luz en domicilio. Ante la complejidad del parto, Giménez decidió trasladar a la paciente por sus propios medios en su automóvil hasta el hospital Roque Sáenz Peña. Lamentablemente, al arribar al nosocomio, la víctima ya no mostraba signos vitales, por lo que se practicó una cesárea de urgencia que reveló lesiones en el útero, y el feto había fallecido.
En el mismo juicio se evidenció que, durante la atención, la médica había recomendado a la paciente que el parto domiciliario no presentaba riesgos mayores para ella ni para el feto. Se comprobó que Giménez realizó un seguimiento del embarazo sin la intervención ni estudios de rutina que ofrece una institución hospitalaria. La Fiscalía, a cargo de Mariana Prunotto y Matías Edery, había solicitado inicialmente 7 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial, atribuyéndole la conducta "imprudente, negligente, imperita en su arte y profesión, como así también inobservancia de los reglamentos y de los deberes a su cargo", que habría provocado el deceso de la mujer de Soldini.
El mismo proceder se replicó en otro hecho: en marzo de 2017, en un domicilio de Rosario, la obstetra atendió a otra paciente a quien también le había indicado que un parto en casa era seguro. El 7 de marzo de 2017, a las 6:30 hs, comenzó el trabajo de parto, pero aproximadamente a las 12:30 hs, al constatar que la paciente no respondía al tratamiento, optó nuevamente por trasladarla por sus propios medios al hospital Eva Perón. Al llegar, a las 13:05 hs, se procedió a una cesárea de urgencia, durante la cual se diagnosticó el fallecimiento del feto y se identificaron lesiones en el útero. La Fiscalía criticó la omisión de informar a la paciente sobre los reales riesgos del procedimiento, así como la falta de contratación de un servicio de traslado pre-hospitalario y el no aviso previo a la institución sanitaria correspondiente.
Juicio por Lavado de Activos y Administración de una Cueva Financiera
Poco tiempo antes, a las 11:59 hs del mismo día 22 de febrero de 2025, la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario tomó una determinación en otro caso de alto impacto. En este proceso, la Unidad de Información Financiera (UIF) fue admitida como querellante en una causa judicial que investiga a cinco personas por delitos de lavado de activos y actividades de intermediación financiera sin autorización del Banco Central.
El expediente, elevado a juicio en diciembre pasado a pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, se originó tras el allanamiento efectuado el 12 de septiembre de 2023 en un departamento ubicado en el piso 12 de la Torre 2 del Complejo Amarras Center, en la zona portuaria de Santa Fe, sobre la calle Sara Pinasco de Julierac al 1700. Durante dicho operativo, se decomisaron 45 millones de pesos, unos 22 mil euros, 23 mil reales, más de 83 mil dólares, y 39 tarjetas de débito a nombre de ciudadanos mayormente vulnerables, además de 39 documentos nacionales de identidad y chips de telefonía con números correspondientes a las copias de dichos DNI.
La investigación reveló que la estructura delictiva habría accedido a dólares estadounidenses frente a las restricciones del mercado cambiario, "valiéndose de la utilización de cuentas bancarias cuya apertura gestionaron a nombre de terceras personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, a quienes aportaron sus datos personales como víctimas de un ardid defraudatorio". Entre los imputados, se encuentra el ex funcionario Ángel Yamil Benavídez, quien se desempeñó en Control durante la gestión del ex intendente José Corral. Su esposa, actual funcionaria del Ministerio de Economía de Santa Fe a cargo de la dirección del área de Crédito Público, también fue mencionada en el contexto, aunque sin vinculación directa con el caso.
Asimismo, la contadora María Laura Miassi enfrentará cargos por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos agravado por habitualidad y por ejercer su profesión, así como por la recepción de bienes provenientes de un ilícito penal, en calidad de partícipe necesaria. Por otro lado, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo son acusados de intermediación financiera no autorizada, y a Carlos Raúl Quartucci se le imputa el delito de lavado de activos en su modalidad atenuada. Todos los imputados son investigados por su participación en "actividades de intermediación financiera sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para ser aplicados a operaciones de lavado de activos", desarrolladas principalmente desde septiembre de 2020 hasta el 12 de septiembre de 2023.
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