Tarifas y servicios: el debate en la audiencia pública de Aguas Santafesinas

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Este miércoles se llevó a cabo la audiencia pública en la que la reestatizada empresa Aguas Santafesinas S.A. (Assa) expuso su propuesta de aumento tarifario, que contempla un incremento del 30% en tres etapas del 10% cada una. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, justificó el ajuste como una medida necesaria para reducir el déficit de la empresa y garantizar inversiones en infraestructura. Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo de la provincia reclamó que las tarifas reflejen estrictamente los servicios prestados y que se contemple la situación de los sectores más vulnerables.

Un plan escalonado ante el déficit estructural

Enrico explicó que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro recibió a Assa en “condiciones críticas”, con un 75% de sus gastos no cubiertos por tarifas y sostenida económicamente mediante aportes del gobierno provincial. Sin embargo, aseguró que gracias a un proceso de reestructuración iniciado en el último año, el déficit se redujo al 30-40%.

Entre las medidas adoptadas, el ministro destacó la reducción de personal, recortes de “privilegios”, disminución de gastos operativos y la focalización en obras prioritarias. Subrayó además que el objetivo es hacer de Assa una empresa eficiente, con mejor capacidad de respuesta a los usuarios y sin depender exclusivamente de aumentos tarifarios.

“El ajuste será gradual y dependerá de la situación económica e inflacionaria del país”, afirmó Enrico, destacando que el gobierno busca un equilibrio entre la sustentabilidad de la empresa y el impacto en los usuarios.

No obstante, el funcionario advirtió sobre los desafíos en infraestructura que enfrenta Assa, señalando que las obras de las plantas potabilizadoras en Granadero Baigorria e Ituzaingó están paralizadas por el freno a la obra pública dispuesto por el gobierno de Javier Milei. A pesar de ello, sostuvo que la provincia sigue ejecutando proyectos con financiamiento propio.

“Para garantizar un buen servicio de agua potable necesitamos más infraestructura”, enfatizó el ministro, quien reconoció que el costo de las obras es elevado y requiere financiamiento sostenible.

El reclamo de la Defensoría: eficiencia y equidad en la facturación

La audiencia pública también sirvió de escenario para que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe manifestara sus objeciones al esquema tarifario propuesto. En su exposición, los defensores ad hoc Gabriel Savino y Javier Díaz Dechiara cuestionaron la falta de equidad en la facturación y pidieron un esquema que diferencie claramente los distintos tipos de consumidores:

“Entendemos que cada uno debe pagar por lo que consume; no obstante, es crucial diferenciar entre consumo domiciliario, comercial, industrial, social, deportivo y comunitario”, expresó la Defensoría.

Además, reclamaron que la eficiencia en el uso del agua debe formar parte del esquema tarifario y no tratarse como un tema separado. En ese sentido, señalaron que el aumento aplicado en 2024, de entre el 520% y el 530%, se basó exclusivamente en el déficit financiero declarado por Assa, lo que, en su opinión, trasladó el peso del ajuste directamente sobre la ciudadanía.

Transparencia y acceso a la información

Otro punto clave del reclamo de la Defensoría fue la falta de acceso a información clara sobre la gestión de la empresa y su impacto en las tarifas. Según Savino, los reclamos de usuarios sobre el servicio crecieron más del 130% en relación con 2023 y un 170% respecto a 2022, lo que refleja un descontento creciente.

“La información que debería ser pública y accesible muchas veces ni siquiera está publicada”, denunció el defensor. Y agregó: “Es responsabilidad del Estado realizar las inversiones necesarias antes de implementar ajustes tarifarios”.

El futuro de Assa y el debate sobre su modelo de gestión

En su intervención, Díaz Dechiara insistió en la necesidad de crear una tarifa social, profundizar la medición del consumo real mediante micromedición, y mejorar los sistemas de control de pérdidas y derroche de agua.

También planteó interrogantes sobre el futuro de la empresa: “Hay que definir cuál será la figura de Assa en la provincia cuando termine el contrato en 2026”, advirtió, recordando que los modelos privatizados no han dado los resultados esperados y han dejado juicios e inversiones inconclusas.

Finalmente, subrayó que el aumento tarifario debe traducirse en mejoras efectivas y tangibles en la prestación del servicio. “Si el ajuste se va a reflejar en una respuesta más rápida de Aguas Santafesinas, lo escucharemos con otro tipo de atención”, concluyó.

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