Polémica por el cerco en la frontera de Salta: El Plan Güemes y la respuesta de Bolivia

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El Gobierno argentino mantiene su apoyo a las iniciativas de Patricia Bullrich para combatir el contrabando y el narcotráfico. Una de estas medidas, que ha cobrado relevancia en los últimos días, es la decisión de instalar un cerco de 200 metros en la frontera de Salta con Bolivia, específicamente en el municipio de Aguas Blancas. Esta obra, que ha generado controversia, fue impulsada por Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, tras una solicitud de la Nación, y se financia con fondos provinciales.

En medio del debate, autoridades salteñas aclararon que la decisión final sobre el cerco fue tomada por Sáenz y no por el Gobierno nacional. Según fuentes cercanas al operativo, se busca "encausar a todos los que iban por pasos ilegales a pasos legales". "Hay una pared que todos intentan saltar, pero la comisión del Plan Güemes cercó esa área para que no salten ni se vayan por cualquier lado", expresó una fuente, destacando que el objetivo es "terminar con el desorden y el paso de droga" en esa zona.

Por su parte, Sáenz defendió la medida en redes sociales, asegurando que "este control fronterizo efectivo reduce el riesgo de incidentes y contribuye a la coordinación de las fuerzas de seguridad", permitiendo una "migración ordenada y segura" y fortaleciendo la economía local al prevenir el contrabando y tráfico ilegal.

El Plan Güemes, lanzado en diciembre por Bullrich en Aguas Blancas, tiene como objetivo combatir los delitos federales en zonas estratégicas conectadas con Bolivia. Desde su implementación, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ha comenzado a patrullar las aguas del Río Bermejo, un espacio que hasta entonces estaba controlado por la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia.


El paso fronterizo con Bolivia que el Gobierno quiere cercar. (Foto: @GustavoSaenzOK).

El plan se divide en dos ejes principales: el despliegue de 310 efectivos federales en áreas clave, como el Río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la "Ruta de la Droga", y la estrategia de Abordaje Criminal Conjunta, que incluye la cooperación entre fuerzas federales, provinciales y el Poder Judicial.

Sin embargo, la medida ha sido rechazada por Bolivia, que expresó su preocupación por la acción unilateral de Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia subrayó que los temas fronterizos deben resolverse a través de "mecanismos de diálogo bilaterales" y advirtió que cualquier acción unitaria podría afectar la "buena vecindad" entre ambos países. Además, Bolivia ha solicitado información sobre la instalación del cerco a través de canales diplomáticos, y el Ministro de Justicia, César Siles, criticó las acciones de Javier Milei, señalando que este tipo de medidas vulneran los principios de convivencia pacífica y solicitando la intervención de organismos internacionales como la ONU y la OEA.

La frontera ilegal entre Salta y Bolivia. (Foto: Gentileza Sandra Calapiña).

Por último, Gustavo Sáenz respondió a las críticas de Bolivia, asegurando que "el Gobierno de Salta y el Gobierno argentino no tienen por qué dar explicaciones al Gobierno boliviano" por las decisiones tomadas dentro de su propio territorio, argumentando que "nosotros tampoco les damos explicaciones por la falta de atención a los argentinos en los hospitales".

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