El Gobierno califica la marcha LGBT como “política” y avanza con la eliminación de los cupos trans

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El Gobierno asegura que la marcha LGBT del sábado es “política” e insistirá con eliminar los cupos trans. (REUTERS/Mariana Greif).

El Gobierno sostiene que la marcha LGBT convocada para el sábado tiene un fuerte carácter “político” y ratifica su intención de eliminar los cupos trans en el Estado. Desde el oficialismo consideran que la movilización servirá para exponer públicamente a quienes se oponen a su gestión. “Es una marcha política que nuclea a todos los que están en contra de la gestión”, afirman en la Casa Rosada.

La administración de Javier Milei celebra la presencia de dirigentes opositores en la manifestación, ya que, según expresan fuentes del oficialismo, “la idea es que quede claro quién está de cada bando para marcar la división”. En ese marco, el Ejecutivo busca consolidar medidas contra la agenda “woke” y convertir este tema en un eje central de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Estrategia política y polarización del debate

El discurso de Milei en el Foro de Davos es respaldado dentro del oficialismo, que lo considera representativo de su línea ideológica. En Balcarce 50 reconocen que buscan instalar el debate sobre las políticas de diversidad en la agenda pública, con la intención de generar tensiones dentro de los espacios opositores.

Este posicionamiento forma parte de la estrategia internacional del presidente, quien mantiene una postura crítica hacia la Organización de las Naciones Unidas y la agenda 2030. En este sentido, Milei apuesta por la conformación de una “liga de naciones conservadoras” junto a Estados Unidos, Israel e Italia. El Gobierno busca trasladar este enfrentamiento al ámbito local, con el objetivo de estructurar un sistema político dividido en dos grandes bloques: derecha e izquierda.

Proyectos de eliminación de leyes de inclusión

El Ejecutivo avanza en la redacción de un paquete de leyes destinado a derogar normativas vinculadas a la inclusión y equidad de género. La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo, es la encargada de desarrollar el proyecto.

Entre las iniciativas que el oficialismo busca eliminar se encuentra la Ley 27.636, que establece un cupo mínimo del 1% en el empleo estatal para personas travestis, transexuales y transgénero. También pretende derogar la Ley de Paridad de Género (27.412), que obliga a intercalar mujeres y varones en las listas de candidatos.

Otro punto clave del proyecto es la eliminación de la figura de femicidio en el Código Penal, vigente desde la Ley 26.791, que agrava la pena en homicidios perpetrados “por un hombre y mediare violencia de género”. En este sentido, desde el oficialismo argumentan que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.

Finalmente, la iniciativa incluye la derogación de la Ley Micaela (27.499), que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para funcionarios del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Desde el Gobierno aseguran que estas políticas representan “imposiciones que no resuelven el problema de fondo”.

Con esta batería de medidas, el oficialismo busca instalar la agenda de diversidad como un terreno de disputa electoral y consolidar su posicionamiento ideológico de cara a los próximos comicios.

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