La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por las condiciones actuales para la apertura del comercio internacional, destacando que “la carga fiscal y la falta de infraestructura son las principales barreras contra la competencia”. Según la entidad, avanzar en la apertura sin resolver estos problemas profundiza la pérdida de empleos, que ya supera los 30 mil puestos desde agosto de 2023.
En su reciente reunión, la UIA pidió implementar una agenda que combine la mejora de la competitividad y el desarrollo industrial con las medidas de apertura económica. “La apertura debe ir de la mano con una agenda concreta para reducir el costo argentino y fortalecer las cadenas de valor, el empleo y la industria”, señalaron los representantes sectoriales y regionales.
Entre los desafíos clave, el organismo enfatizó la necesidad de reducir impuestos, mejorar la infraestructura y la conectividad, promover inversiones nacionales y modernizar los regímenes laborales. Según un informe titulado “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, aunque la productividad industrial argentina supera el promedio regional, el país ocupa el puesto 66 de 67 en términos de competitividad global.
Aumento de juicios laborales y su impacto en costos
Otro punto crítico destacado fue el crecimiento de la litigiosidad en el ámbito laboral. Durante octubre, se registraron 11.851 nuevos juicios, acumulando 105.960 casos en el año, un aumento del 14,3% respecto al mismo mes de 2023. Este incremento contrasta con la reducción histórica de los índices de siniestralidad, atribuida a los esfuerzos conjuntos de empleadores, trabajadores y el Estado.
Los miembros de la Junta Directiva subrayaron que este fenómeno afecta las alícuotas de las ART, incrementando los costos de producción. Por ello, instaron a cumplir con la Ley 27.348, sancionada en 2017, que establece la creación de cuerpos médicos forenses provinciales y nacionales para consolidar la prevención y dar previsibilidad a los litigios.
“Cumplir con esta normativa es esencial para mejorar las condiciones laborales, reducir la litigiosidad y contener los costos que afectan la producción”, concluyó la UIA.
