El Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley denominado Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que propone eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar la ley Orgánica de Partidos Políticos y reformar el sistema de financiamiento de las fuerzas políticas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la eliminación de las PASO señalando que estas primarias “han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”. Según datos oficiales, en 2023 las PASO costaron 45.445 millones de pesos, lo que implicó un gasto significativo en términos históricos y reales. Además, destacó que este sistema obliga a los ciudadanos a votar hasta tres veces en un año electoral.
Adorni también señaló que, desde su implementación en 2011, solo diez agrupaciones políticas utilizaron las PASO para definir internas presidenciales, y que el 40% de estas no alcanzó el umbral del 1,5% necesario para competir en las elecciones generales.
Cambios en la ley Orgánica de Partidos Políticos
El proyecto también propone ajustar los requisitos para la formación de partidos políticos con el objetivo de “mejorar la representatividad” y evitar la proliferación de lo que Adorni calificó como “sellos de goma” con fines recaudatorios.
De aprobarse, las agrupaciones deberán contar con al menos un 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y obtener un mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. Además, los partidos nacionales necesitarán tener presencia en al menos diez distritos, duplicando el requisito actual de cinco jurisdicciones.
La reforma incluye la creación de una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, con un plazo hasta 2026 para que las agrupaciones cumplan con la nueva normativa.
Fin del financiamiento estatal y cambios en campañas
En cuanto al régimen de financiamiento electoral, la iniciativa propone eliminar el aporte estatal para campañas políticas, incrementar los límites para donaciones privadas y suprimir los espacios de publicidad electoral financiados por el Estado. Según Adorni, estas medidas buscan “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.
De ser aprobado el proyecto, los partidos políticos recibirían un único aporte anual proporcional a sus resultados electorales. Además, se reduciría el período de prohibición para realizar encuestas antes de los comicios, de ocho días a tres días. La propuesta también contempla la creación de la figura de un fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral para supervisar el proceso.
El Gobierno confía en que esta reforma generará un sistema más eficiente y representativo, aunque el debate en el Congreso definirá su viabilidad.
