El Gobierno encabezado por Javier Milei ordenó el cierre de la planta de fabricación de billetes Ciccone Calcográfica, que había sido estatizada en 2012 durante la gestión kirchnerista tras el escándalo que involucró al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por adquirir la empresa a través de amigos y testaferros. Esta decisión afecta a 270 empleados, quienes han sido “dispensados” temporalmente de sus funciones.
«Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes (ex Ciccone), ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada», publicó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se pronunció, calificando a la planta como «uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista». Según Adorni, el cierre implica un ahorro estimado en 5.040 millones de pesos anuales, ya que el Estado Nacional dejará de fabricar billetes.
En relación con los trabajadores, Caputo declaró que «las 270 personas que cumplían allí funciones serán dispensadas hasta determinar las políticas a seguir». Asimismo, informó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado procederá a subastar el inmueble. La planta contaba con una bóveda de almacenamiento para billetes destinados a ser destruidos, utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Respecto a la maquinaria, el ministro detalló que «la maquinaria necesaria para la producción de chapa patente se instalará en los depósitos de Retiro, y se iniciará el proceso de retiro de tres máquinas de calcografía para la producción de pasaportes». Además, se procederá a retirar todos los equipos importados empleados en la fabricación de billetes.
El cierre se enmarca en la decisión del BCRA de rescindir el contrato vigente desde el 31 de octubre, finalizando la producción estatal de billetes. Caputo recordó que la planta había sido expropiada en agosto de 2012 durante la gestión de Amado Boudou, quien era vicepresidente en aquel entonces. «Esta operación fue un caso de corrupción de público conocimiento. Hoy resulta menos oneroso comprar billetes a proveedores internacionales, por lo que no existe ninguna necesidad de que la compañía continúe en manos estatales», concluyó.
