Bloqueo de redes sociales a un padre por incumplir la cuota alimentaria: una medida sin precedentes en Rosario

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En una resolución inédita, la Justicia de Rosario decidió bloquear las redes sociales de un hombre que nunca cumplió con el pago de la cuota alimentaria de sus hijos menores. La medida fue tomada por la jueza de Familia Gabriela Topino, tras la denuncia de la madre de los niños, quien aseguró que el progenitor no brindó ninguna ayuda económica ni presentó pruebas de ingresos como monotributista o trabajador en relación de dependencia.

“No hay precedentes en el foro. Es una medida complementaria a las que se dictaron en este proceso, como la retención de licencia de conducir. Hay una sentencia previa en la que se condena al demandado a abonar alimentos históricos”, explicó el abogado de la denunciante, Sebastián Navas.

El abogado subrayó que esta decisión busca presionar al hombre para que cumpla con sus responsabilidades. “El tiempo dedicado a momentos recreativos debería dedicarlo a generar ingresos para pagar la deuda”, afirmó en diálogo con Cadena 3.

En este caso particular, además del bloqueo de las redes sociales, se están reteniendo ingresos al abuelo de los menores debido a la falta de aportes del padre.

Procedimiento del bloqueo

El abogado Navas detalló el mecanismo para el bloqueo de las redes sociales: “Para el bloqueo hay que oficiar a Meta y ellos con sus mecanismos bloquean las redes sociales a nombre de esta persona”.

Otras medidas similares en el país

Si bien este caso es único por el bloqueo de redes, no es la primera vez que la Justicia argentina aplica medidas extremas para exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria.

En Córdoba, por ejemplo, un juez prohibió a un hombre jugar al fútbol con sus amigos hasta que regularizara los pagos. En Corrientes, otro deudor fue excluido de participar en una comparsa, y en otros casos se les han suspendido licencias de conducir o prohibido ingresar a estadios deportivos, como en el caso de un hincha de Belgrano.

Estas decisiones reflejan un esfuerzo por parte de la Justicia para garantizar que los derechos de los menores sean protegidos y que los responsables cumplan con sus obligaciones.

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