Santa Fe refuerza controles: incautan 1.200 toneladas de metal y 700 placas de cementerio robadas

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En los primeros nueve meses de 2024, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe llevó a cabo exhaustivos controles en chatarrerías, locales de autopartes y desarmaderos, resultando en la incautación de 1.200 toneladas de metal y 700 placas de cementerio robadas. Estos operativos, que incluyeron 49 inspecciones en 17 localidades —19 de ellas en Rosario—, también derivaron en el secuestro de crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes, cables de electricidad y hasta ataúdes.

En total, las autoridades provinciales reportaron el decomiso de 32 millones de pesos y 10 mil dólares, además del cierre de los establecimientos donde se detectaron irregularidades. Uno de los casos más destacados ocurrió en Venado Tuerto, donde una chatarrería completa fue confiscada por la Justicia y sus bienes quedaron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar los elementos.

Caída de los delitos reportados

Uno de los resultados más notables de estos operativos ha sido la reducción de los llamados al 911 para denunciar este tipo de delitos. Según los datos oficiales, entre enero y agosto de 2024, en Rosario las denuncias descendieron en un 76,34% y en la ciudad de Santa Fe un 80,38%, lo que refleja el impacto positivo de las políticas de inspección, control y sanción.

Medidas preventivas y fortalecimiento de la seguridad

Estas acciones forman parte de una estrategia activa del gobierno provincial para inspeccionar depósitos de materiales cuya procedencia no se puede justificar, y al mismo tiempo combatir la venta ilegal y asegurar la trazabilidad de los bienes. Las cifras también reflejan la efectividad de los mecanismos de denuncia implementados, que son acompañados de campañas de concientización sobre el funcionamiento legal de estos comercios.

El objetivo final de estas políticas es crear condiciones de seguridad jurídica para las actividades comerciales relacionadas y, al mismo tiempo, "preservar la fe pública registral y proteger el derecho de propiedad de los usuarios", contribuyendo a la estabilidad y transparencia en el sector.

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