En la madrugada del viernes 13 de septiembre, el Senado convirtió en ley un proyecto clave sobre el financiamiento universitario. Sin embargo, el presidente Javier Milei confirmó que vetará completamente la reforma, pese a la masiva movilización que se llevó a cabo este miércoles en el marco de la Marcha Federal Universitaria.
El presidente expresó su intención de veto a través de su cuenta en la red social X, respaldando las declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. Álvarez calificó la ley como un ejemplo de “populismo legislativo” y criticó fuertemente su contenido.
El jefe de Estado tiene plazo hasta el jueves 3 de octubre para oficializar el veto. La decisión se da en paralelo a una gran movilización universitaria que tuvo como epicentro la Plaza del Congreso, pero que se extendió a más de 50 ciudades en todo el país. La manifestación fue protagonizada por gremios docentes y no docentes, estudiantes, y diversas organizaciones sociales y políticas. Entre los grupos participantes se destacan gremios como la CGT y la CTA, movimientos sociales, así como sectores del kirchnerismo, la izquierda y otros espacios del peronismo, la UCR y la Coalición Cívica.
La ley que Milei se dispone a vetar obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir los salarios de docentes y no docentes, además de financiar los gastos operativos de las universidades, proyectos especiales, y programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las instituciones.
En cuanto a los salarios, la norma establece la recomposición de lo perdido desde el 1 de enero de 2024 y ajusta los montos de manera mensual hasta el 31 de diciembre, según las variaciones del índice de precios que publica el Indec. Para los demás aspectos de financiamiento, se prevé una actualización bimestral.
De no ser vetada, la ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que representa un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Radiografía del sector educativo
Desde noviembre de 2023, los salarios de los docentes han caído un 23,7% en términos reales, mientras que la situación de investigadores y residentes es aún más crítica, con una disminución de hasta el 40% en sus ingresos. En los primeros ocho meses de 2024, las transferencias a universidades se redujeron en un 30,1% comparado con el mismo período del año anterior, y no se ha destinado presupuesto para gastos de capital en lo que va del año.
Los gremios universitarios denuncian que sus ingresos han caído entre un 35% y un 55%, razón por la cual rechazaron la reciente propuesta del Ministerio de Capital Humano de un aumento adicional del 5,8% para octubre. Este ministerio, además, ha lanzado una fuerte campaña contra quienes impulsan las protestas, afirmando que un docente de dedicación exclusiva percibe un salario de 1.400.000 pesos, mientras que un auxiliar no docente con antigüedad cobra cerca de un millón de pesos, ambos valores muy superiores a la canasta básica.
La movilización universitaria y la respuesta del gobierno perfilan una tensión creciente en torno al financiamiento del sistema educativo en Argentina.