El reciente escándalo sobre la subejecución de fondos científicos alcanzó un nuevo nivel tras la renuncia de Alicia Caballero, titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I). Una investigación periodística reveló que el gobierno de Javier Milei ha dejado sin utilizar un total de 53 millones de dólares, otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), lo que llevó a la dimisión de Caballero bajo el argumento de “motivos personales”.
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el financiamiento ha sido “cajoneado”, confirmando que la decisión de paralizar varios proyectos financiados responde a una estrategia política, más que a razones económicas o financieras. “Nosotros ejecutamos todo lo que consideramos que es correcto”, declaró Adorni, añadiendo que las líneas de investigación afectadas fueron solicitadas y aprobadas antes de la llegada del actual gobierno, lo que, según él, las vuelve irrelevantes.
La noticia llega en un contexto delicado, justo en el día de la segunda marcha federal en defensa de la educación pública y el sistema científico nacional. El gobierno de Milei ha sido señalado por reducir drásticamente el presupuesto de la Agencia I+D+I, con un recorte del 65,1%, según datos del Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
De acuerdo con los informes, al 31 de diciembre de 2023, las cuentas bancarias de dos programas financiados por el BID y el BM acumulaban 53.050.938,64 dólares. Este monto se desglosa en 14.396.855,68 dólares y 36.251.203,96 dólares, sumándose luego otros 15.900.000 dólares en giros adicionales. Sin embargo, solo se han ejecutado 13.497.121 dólares, dejando gran parte del dinero inmovilizado.
La controversia también incluye auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y la empresa auditora Crowe, las cuales han respaldado las cifras expuestas.
