Un empresario avícola fue imputado por el delito de trata laboral tras ser acusado de captar a cinco personas provenientes de Misiones bajo una oferta laboral engañosa, para luego explotarlas en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Arrecifes. La investigación, formalizada por el juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, fue impulsada por el fiscal Matías Di Lello, quien solicitó la prisión preventiva del acusado, medida que fue otorgada por el juez por un período de 60 días.
Según la acusación, el empresario habría ofrecido a las víctimas, todas originarias de Misiones, un trabajo que resultó ser una trampa para someterlas a condiciones laborales inhumanas, utilizando "amenazas y abusando de su situación de vulnerabilidad." Las víctimas fueron trasladadas al predio rural y forzadas a trabajar en jornadas de hasta 16 horas diarias, sin días libres y en condiciones precarias.
La explotación se habría prolongado desde el 5 de junio hasta el 2 de agosto de 2024, cuando se realizó un allanamiento en el establecimiento, resultando en la detención del empresario. La denuncia que originó el operativo fue presentada por la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, tras un procedimiento de fiscalización.
Durante el allanamiento, participaron profesionales de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, junto con representantes de los Ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia, además de personal de la AFIP y del Servicio Local de Niñez de la Municipalidad de Arrecifes.
En la audiencia, los auxiliares fiscales Gustavo Parigini y María Marta Poggio describieron las condiciones en que se encontraban las víctimas. Según relataron, los trabajadores "no fueron informados sobre el salario ni sobre la cantidad de horas que debían trabajar," y algunos ni siquiera recibieron remuneración alguna. Además, indicaron que el sueldo mensual oscilaba entre 450 y 470 mil pesos, pero de estos montos se descontaba el costo de los pasajes que el imputado había pagado para trasladarlos desde Misiones.
Las víctimas se vieron obligadas a vivir en viviendas provistas por la empresa, muchas de las cuales carecían de condiciones básicas de habitabilidad. "Dos trabajadores habitaban en una casilla dentro de un galpón de herramientas," mientras que otras viviendas no contaban con calefacción y presentaban serios problemas de seguridad eléctrica y estructural.
Además de la explotación laboral, los fiscales denunciaron que las víctimas fueron sometidas a "humillaciones, discriminaciones, maltratos y amenazas," siendo incluso recibidas por el empresario en la terminal de ómnibus con una escopeta, con la que solía "tirar tiros al aire" para intimidarlas.
El caso sigue su curso en la justicia, mientras las autoridades continúan investigando para determinar el alcance completo de las responsabilidades del imputado.
