La diputada Lucila De Ponti, una de las principales impulsoras del encuentro junto a Claudia Balagué y Gisel Mahmud, destacó la importancia de las contribuciones de los expertos en la materia: “La opinión de especialistas que vienen trabajando esta problemática es clave y reafirma la convicción de que la provincia tiene mucho por hacer para evitar que el daño sea mayor”.
Durante la audiencia, se resaltó la preocupación por el fácil acceso que los jóvenes tienen a los juegos de azar a través de dispositivos móviles y billeteras virtuales. De Ponti subrayó: “Escuchamos a jóvenes, a docentes, a padres reforzando la idea de que hoy en cada celular hay un casino y un banco a través de cada billetera virtual, lo cual facilita y promueve que se apueste de manera constante, en un negocio que mueve en el país millones de dólares anuales en sitios legales e ilegales, apuntalados por una publicidad desmedida, sobre todo en eventos deportivos y equipos de fútbol”.
Aunque no existen datos oficiales, se estima que un 40% de los jóvenes participan en apuestas. La promoción de estos sitios está frecuentemente dirigida a ellos, utilizando figuras públicas, periodistas e influencers. En respuesta a esta problemática, De Ponti presentó un proyecto de ley que busca regular la publicidad de juegos de azar, apuestas y pronósticos, limitando su alcance a mayores de edad que den su consentimiento explícito. Además, la propuesta incluye la prohibición de estrategias de consumo como los bonos de ingreso y el sponsoreo en camisetas de equipos de fútbol.
“Es indispensable construir políticas de prevención a través de la regulación de la publicidad, de la erradicación de los sitios ilegales y de la exigencia de responsabilidad a los sitios legales, lo cual hoy no sucede”, afirmó De Ponti. La diputada también hizo un llamado a fortalecer los programas educativos para que las escuelas y las familias puedan desarrollar en los jóvenes las capacidades necesarias para rechazar estas prácticas.
“Creemos que se puede hacer mucho más en este sentido y paralelamente trabajar en el desarrollo de programas educativos para sostener a las escuelas y a las familias en el desarrollo de capacidades para que los jóvenes puedan decir que no”, concluyó.
