Alquilar una casa es cada vez más caro. “Somos 11 millones de inquilinos en todo el país y más de 300.000 las personas que alquilamos en Rosario. Nuestra realidad es cada vez más difícil y para el Estado parece que no existimos”, subrayó Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados. La organización publicó este martes la primera “Canasta Inquilina”, un estudio que mide el impacto del costo de la Canasta Básica para el tercio de la población de Rosario que alquila una vivienda, ya que “el Indec no tiene en cuenta el precio del alquiler ni de las expensas en sus mediciones”. Los comentarios en Instagram, en el usuario @inquilinos_rosario, fueron contundentes: “angustiante”, “al horno”, “inhumano”.
La medición de Inquilinos Agrupados cruzó los datos de pobreza e indigencia del Indec con su propio relevamiento de precios de alquileres. En junio, se determinó que un adulto necesita $649.566 para cubrir alquiler, alimentación, vestimenta, salud y educación, tal como mide la Canasta Básica Total del Indec.
Una pareja requiere $1.052.947, mientras que una familia de cuatro integrantes necesita $1.507.276 para mantenerse bajo un techo alquilado. “Un inquilino necesitó el doble de ingresos para no caer en la línea de pobreza”, sintetizó Artola.
La Canasta Básica Total para un adulto arrojó en junio un valor de $282.578,89, pero con el alquiler se duplica. Lo mismo ocurre para un hogar de dos personas, con la Canasta sin alquiler en $500.164,83, y para una familia de cuatro, que necesitó un ingreso mínimo de $828.158 para no caer en la pobreza. Esto resulta en endeudamiento, rescisión de contratos y uso excesivo de tarjetas de crédito.
Pagar o no pagar, esa es la cuestión
Artola destacó que el 62% de los inquilinos tiene deudas debido a la imposibilidad de cubrir servicios, alimentos y alquiler. “La última encuesta muestra que entre un 40 y un 50% de los ingresos totales de una familia se destinan al alquiler”, afirmó. La situación se agravó con el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que derogó la ley de Alquileres en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
Según una encuesta de Inquilinos Agrupados, los contratos actuales tienen aumentos trimestrales o cuatrimestrales por inflación. “El principal problema es cómo poder pagar el alquiler y esto se manifiesta de distintas maneras: rescisión anticipada de contratos, endeudamiento y morosidad en expensas”, indicó Artola.
Los contratos firmados en 2024 son aproximadamente entre un 40% y un 50% más caros que aquellos bajo la ley de Alquileres derogada. El DNU 70/2023 permite que locadores y locatarios fijen libremente el plazo del contrato, resultando en que solo el 9,7% de los contratos sean a tres años, y el 27,2% tengan una duración de un año o menos.
El 95,5% de los inquilinos tiene actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos menores a seis meses, con aumentos mensuales o cada tres a cuatro meses. Más del 80% de los encuestados considera que la situación de la vivienda y la evolución de sus ingresos son sus principales preocupaciones. Casi el 88,4% cree que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses, y el 15% ya ha sido desalojado por no poder afrontar los aumentos.
Invisibles
Inquilinos Agrupados resaltó que, al no considerar este costo, el Indec no refleja “el gasto más importante de 3 millones de hogares de la Argentina”. “Ni a nivel nacional ni provincial el Estado releva el precio de los alquileres”, explicó Artola. “El Indec debería incorporar el alquiler de vivienda a sus mediciones. El hecho de no relevar el gasto en alquiler sigue invisibilizando una realidad que afecta a 11 millones de personas en el país y a más de 700.000 inquilinos en Santa Fe”.
“Por eso, desde Inquilinos Agrupados decidimos empezar a publicar la evolución de la Canasta Inquilina con datos relevados por nosotros hasta que sea política de Estado el acceso a la vivienda”, concluyó Artola.
