Desmantelamiento de Puntos de Venta de Droga y Crimen Vinculado a Conflicto Carcelario en Rosario

Funcionaba sobre Pasaje Acuña al 5700. Además, se inactivaron otros dos puntos de venta de droga al menudeo. La investigación se inició tras amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro. “Llevamos casi 30 derribos en toda la provincia”, afirmó el secretario de Seguridad, Omar Pereira.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este viernes el derribo de un puesto de venta de estupefacientes relacionado al "Clan Tripi", que funcionaba sobre Pasaje Acuña al 5700 (Acuña y Av. Rouillón) en Fonavi Parque Oeste de la ciudad de Rosario. Además, el juez provincial Gonzalo Fernández Bussy, a instancias del fiscal Franco Carbone, ordenó desactivar otros dos puntos situados en Pedro Lino Funes al 2400 y Riobamba al 5700, considerados puntos de venta o bien aguantaderos de la banda.

"En acciones de esta naturaleza se configura lo que establece la Ley de Microtráfico, ya que es un punto de venta de estupefacientes que genera en un barrio Fonavi característico de Rosario, una situación de violencia extrema con muertos, armas, disparos, a metros de la escuela del barrio, convirtiéndose en un punto que corrompe la tranquilidad de los vecinos", enfatizó el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, para luego puntualizar que "en estos puntos de venta inactivados se vendía cocaína y marihuana. Continuaremos trabajando en esta línea por la que ya llevamos casi 30 derribos en toda la provincia".

Por su parte, el fiscal Franco Carbone detalló que se llevó adelante "el derribo de una instalación que tiene que ver con una disputa territorial que viene sucediendo hace mucho tiempo en esta zona de la ciudad y que está relacionado al clan Tripi, el grupo narco criminal que lidera la venta de estupefacientes en la zona rosariana de Parque Oeste". De ese modo, Carbone explicó que "este lugar fue sindicado por vecinos como un punto neurálgico de la familia Tripi y acá comenzó una investigación este año por amenazas que nombraban al gobernador Maximiliano Pullaro con distintas balaceras y con mención también a la Tropa de Operaciones Especiales".

Seguidamente, Carbone remarcó que a partir de estas amenazas se inició una investigación que culminó con "un procedimiento que fue falseado por tres agentes del Comando Radioeléctrico quienes plantaron tres armas de fuego a una persona allegada al clan Tripi y esa plantación de las armas fue en este lugar, teniendo al objetivo seleccionado a propósito, porque los Tripi trabajan en esta zona en particular. A partir de ahí, esos efectivos fueron detenidos y luego continuamos con allanamientos que derivaron en la detención de siete personas vinculadas al clan Tripi. La teoría del caso es que está todo relacionado a una banda rival de este clan". Por último, el fiscal recordó que "el clan Tripi regentea la venta de droga en el Fonavi Parque Oeste de Rosario hace años" y que "el otro punto que se inactivó está cruzando una cancha de fútbol, sobre calle Riobamba al 5700 y junto con otro lugar sobre Pedro Lino Funes al 2400 son dos puntos muy importantes donde vendían droga al menudeo".

Ley de Microtráfico

Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principio de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales. Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de "microtráfico" o "narcomenudeo", que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.

Fiscal sostiene que el crimen en la distribuidora de garrafas fue por conflicto con detenido en Jefatura

El destinatario de la nota dejada por los agresores es hermano de la víctima. El joven de 19 años acribillado este jueves fue definido como un "trabajador" y se aclaró que no tenía antecedentes. Sin embargo, él y su familia habían sido blanco de otros ataques por el mismo motivo.

A Ignacio Brítez, de 19 años, lo acribillaron en la tarde del jueves frente a una distribuidora de garrafas de su familia, para la que trabajaba. Los agresores llegaron en moto y dejaron una nota amenazante. La fiscal de Homicidios Gisela Paolicelli sostuvo este viernes, en base a la investigación, que la hipótesis es que fue un crimen relacionado con un familiar de la víctima alojado en los pabellones de la Unidad 6 de la Jefatura de Policía, ubicada en calle Francia al 4900. El mensaje, dijo, era para él.

Brítez, alcanzado por varios disparos mientras operaba un montacargas en la puerta del negocio, en Provincias Unidas casi Viamonte, no tenía antecedentes penales y según la Fiscalía, era un joven trabajador sin problemas. Pero Paolicelli señaló que la víctima y su familia ya habían sido blanco de otros ataques "siempre relacionado con esta persona que se encuentra detenida y tiene el mismo apellido que la víctima". Es su hermano, precisó la fiscal.

"Esta sería una cuestión vinculada en principio a un conflicto interno en un pabellón de la Unidad de Detención Nº6", insistió la fiscal. Y sobre los episodios previos que sufrieron el joven asesinado y su familia, aclaró que según la pesquisa esa secuencia "no estaría relacionada con la trama que se investigó a principios de año", en referencia a la saga de balaceras y homicidios atribuida a una reacción contra las políticas de endurecimiento de condiciones penitenciarias llevada adelante por el Gobierno provincial de Maximiliano Pullaro.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Justicia Penal, Paolicelli agregó sobre la investigación del crimen de Brítez que "se hizo un relevamiento de todas las cámaras que pudiera haber en esa zona de avenida Provincias Unidas y eso fue positivo". Remarcó además que el mensaje dejado por los gatilleros al lado del cuerpo del joven "tenía como destinatario a una persona detenida, no había funcionarios mencionados en la nota".

"Esta sería una cuestión vinculada en principio a un conflicto interno en un pabellón de la Unidad de Detención Nº6", repitió la funcionaria judicial.