“Queremos saber la postura del gobierno provincial sobre el cannabis medicinal. Cuánto stock hay, cómo se distribuye, si se lleva a cabo la investigación y capacitación para dar respuestas a las madres que nos consultan,” afirmó Sonia Martorano en una entrevista con El Ciudadano.
El pedido de informes, presentado el 4 de julio, busca detalles sobre el nivel de stock y abastecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), la cantidad de usuarios que han accedido al cannabis medicinal, los miembros de la comisión reguladora y el consejo asesor, y el estado actual del Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal (CIDCaM). También se cuestiona la continuidad de las capacitaciones y los programas de investigación.
“El uso terapéutico del cannabis ha permitido mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, sin embargo, actualmente, el acceso se ve dificultado por el alto costo y las irregularidades en el Reprocann (Registro Nacional del Programa de Cannabis). Es por esto que es primordial conocer el rol actual del UF en cuanto a su distribución,” agregó Martorano.
La legisladora recordó que en marzo de 2017 se aprobó la ley nacional 27.350, que habilita la investigación médica, científica y el uso medicinal del cannabis para tratar la epilepsia refractaria. “En 2016 y 2017 trabajé como parte del colegio de médicos junto con distintos estamentos para su aplicación en la provincia a partir de la ley 13.602, que se promulgó en diciembre de 2016 y se reglamentó en abril de 2017 bajo el gobierno de Lifschitz,” explicó. La normativa permitía la inclusión de medicación a base de cannabis en el formulario terapéutico provincial, y gracias a este decreto, se importó aceite a granel y se fraccionó en el LIF para su distribución gratuita a usuarios con receta.
Además, se abrieron 30 consultorios en toda la provincia y se capacitó a 400 profesionales de la salud. “En julio de 2022 se inauguró en Monte Vera el CIDCaM. Plantamos los primeros esquejes para investigación y desarrollo. Quedaron dos proyectos de investigación en marcha, media hectárea de cultivos bajo cubierta y plantas en estado vegetativo,” añadió Martorano.
“Queremos saber cuál es la política provincial con respecto al cannabis. La nacional es desarmar todo. Queremos saber qué pasa en la provincia porque tenemos leyes y queremos conocer si la comisión reguladora y el consejo están funcionando porque las organizaciones están con mucha incertidumbre,” señaló la diputada.
Un informe de El Litoral indica que el proyecto está en estado de abandono, mencionando robos, daños en la infraestructura y desmantelamiento. “El centro se encuentra cerrado al público, sin vinculaciones, sin respuestas con respecto a la continuidad y sin producción de ensayos para la generación de materia prima,” añade el informe.
En el ámbito nacional, se han anunciado nuevos requisitos y restricciones al acceso al Reprocann, que inició sus operaciones en marzo de 2021. Según las autoridades, buscan “incrementar los controles y la transparencia sobre quienes intervienen en el proceso de acceso al programa,” entre los que se incluyen terceros, cultivadores solidarios y organizaciones no gubernamentales (ONG).
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