Rosario se unió a las protestas nacionales el martes, con una marcha desde la plaza San Martín hacia los tribunales federales en bulevar Oroño. Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas reclamaron la liberación inmediata de 16 personas detenidas durante la represión del miércoles 12, y el desprocesamiento de los 17 que fueron excarcelados pero siguen bajo proceso. Este movimiento, que tuvo epicentro en Buenos Aires, contó con la participación de importantes gremios como la Ctera, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT, aunque esta última no convocó a la marcha, emitió un comunicado exigiendo la liberación de los detenidos y repudiando la criminalización de la protesta.
La protesta en Rosario incluyó a docentes de Amsafé, estatales de ATE, profesores de la UNR y miembros de la CTA Autónoma, quienes portaban pancartas con mensajes como "Libertad a lxs presxs por luchar", "No al DNU. No a la ley Bases", y "Basta de criminalizar a los pobres". Una preocupación creciente es la presencia de infiltrados entre los manifestantes, que presuntamente incitaron a la violencia, un tema que genera inquietud ante la próxima visita del presidente Javier Milei para el acto del Día de la Bandera.
En paralelo, la Asamblea Plaza Alberdi, que agrupa a vecinos de la zona norte de Rosario, emitió un comunicado repudiando enérgicamente la represión y las detenciones arbitrarias. Criticaron el "Protocolo Bullrich", diseñado, según ellos, para reprimir la protesta social. La asamblea denunció que las detenciones incluyeron a personas ajenas a los disturbios, y acusaron a la CGT y otras organizaciones políticas de abandonar a los manifestantes.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) también se sumó a las críticas, presentando una denuncia judicial contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios. En una conferencia de prensa, el jefe del bloque, Germán Martínez, acusó al gobierno de Milei de desplegar un plan represivo, subrayando que la represión a diputados y manifestantes evidencia un desprecio por la división de poderes y las garantías constitucionales. La denuncia fue presentada ante los tribunales de Comodoro Py y enviada a organismos internacionales de derechos humanos.
Bullrich respondió a estas acusaciones calificando de "hipócritas" a los diputados que la demandaron, argumentando que fomentaron la violencia y luego presentaron denuncias. La ministra defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y acusó a los legisladores de intentar dar órdenes a la Prefectura durante los disturbios.
Las tensiones continúan en aumento mientras se espera la visita presidencial a Rosario, con la sociedad en alerta y diversas organizaciones preparándose para manifestarse nuevamente en defensa de sus derechos y libertades.
