En una medida que ha generado amplio debate, el gobierno ha decidido eliminar la regulación de las tarifas de los servicios de internet, televisión por cable y telefonía celular. Esta decisión se sustenta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios de comunicaciones digitales como "servicios públicos esenciales y estratégicos", otorgando al Estado la facultad de regularlos.
Cambio de paradigma
El oficialismo ha centrado esta modificación en su paradigma de "competencia", argumentando que la desregulación permitirá una mayor eficiencia y dinamismo en el sector. Sin embargo, esta medida ha despertado preocupación entre los consumidores y distintos sectores que temen que la falta de regulación pueda llevar a aumentos indiscriminados en las tarifas.
Contexto y antecedentes
El DNU 690/2020, promulgado en plena pandemia, había establecido que los servicios de internet, cable y telefonía móvil eran esenciales, permitiendo al Estado intervenir en la fijación de precios para garantizar el acceso equitativo a estas tecnologías cruciales. La anulación de este decreto implica que las empresas prestadoras de estos servicios ahora tendrán libertad total para ajustar sus tarifas sin necesidad de aprobación gubernamental.
Reacciones y perspectivas
La reacción de la ciudadanía y de las organizaciones de defensa de los consumidores ha sido inmediata. Temen que esta medida pueda resultar en un aumento significativo de los costos de estos servicios básicos. Por otro lado, las empresas del sector han recibido la noticia con agrado, argumentando que la competencia libre permitirá mejoras en la calidad del servicio y mayor innovación.
El debate sobre el balance entre regulación estatal y libertad de mercado en sectores estratégicos como las telecomunicaciones está lejos de concluir. Lo que queda claro es que la eliminación de la regulación traerá consigo una nueva dinámica al mercado, cuyos efectos se verán en los próximos meses.
La eliminación de la regulación de las tarifas de internet, cable y telefonía celular marca un cambio significativo en la política del gobierno respecto a los servicios de comunicaciones digitales. Mientras algunos celebran la medida como un paso hacia una mayor competitividad y eficiencia, otros expresan su preocupación por el impacto que podría tener en los precios y el acceso a estos servicios esenciales.
