La denuncia del gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano ha sido asignada al juzgado de Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema. La presentación, formulada por Leila Gianni, subsecretaria de Legales de Capital Humano, fue sorteada esta mañana y quedó registrada bajo el número 2098/2024, con la carátula provisional de "averiguación de delito".
El fiscal Ramiro González, quien trabaja con el juzgado de Lijo durante 2024, intervendrá en el caso. La denuncia se centra en el presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Contexto del Caso
La investigación se originó a partir de sospechas de irregularidades en los contratos de personal del Ministerio de Capital Humano, que habrían sido facilitados por un acuerdo con la OEI. Esta situación ha generado una significativa controversia y ha puesto en el centro de atención a figuras clave del ministerio, incluyendo a la ministra Sandra Pettovello.
Repercusiones Políticas
El caso ha desatado una intensa polémica en el ámbito político. El presidente Javier Milei ha defendido enérgicamente a la ministra Pettovello, calificándola como una "abanderada contra la corrupción" y rechazando cualquier posibilidad de su destitución. En declaraciones recientes, Milei sostuvo que "no voy a entregar a Pettovello de ninguna manera", reafirmando su apoyo en medio de las crecientes críticas.
El escándalo también ha provocado tensiones con las organizaciones sociales y movimientos piqueteros, a quienes Milei acusó de corrupción en la intermediación de la entrega de alimentos y asistencia social en el pasado.
Avance Judicial
El juez Ariel Lijo, conocido por su trayectoria y recientemente propuesto como candidato a la Corte Suprema, será el encargado de llevar adelante esta investigación. Con la intervención del fiscal Ramiro González, se espera que el proceso avance rápidamente para esclarecer las acusaciones y determinar la existencia de irregularidades en las contrataciones del Ministerio de Capital Humano.
La causa, todavía en una fase preliminar de "averiguación de delito", podría tener implicaciones significativas para el gobierno de Milei y su lucha declarada contra la corrupción. La asignación del caso al juez Lijo y al fiscal González marca el comienzo de un proceso que estará bajo la atenta mirada de la opinión pública y los actores políticos.
