Las universidades nacionales del interior del país han levantado su voz en un coro unísono de reclamo por equidad en el financiamiento luego del reciente acuerdo entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El anuncio de dicho acuerdo, que suspendió la emergencia presupuestaria en la UBA, ha generado una ola de críticas y demandas de otras casas de estudios estatales que aún no han recibido la asignación de fondos correspondiente.
Más de 60 instituciones educativas, entre las que se encuentra la Universidad Nacional de Rosario (UNR), han denunciado una "discriminación federal injusta" por parte del Ejecutivo y han exigido un trato equitativo en la distribución de recursos. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, enfatizó la necesidad imperante de que todas las universidades reciban un trato igualitario por parte del Estado para garantizar su normal funcionamiento y la calidad educativa que ofrecen.
Ahora que reconocieron el problema que todas las Universidades venimos planteando en su gravedad desde enero, hace falta recordar que el sistema universitario es federal y tiene 60 universidades más que exigimos se otorgue de
— Franco Bartolacci (@fbartolacci) May 15, 2024
manera inmediata lo mismo que a la UBA pic.twitter.com/zwwmoMRjVc
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respaldó este reclamo mediante un comunicado, donde señalaron que si bien el reconocimiento del problema por parte del gobierno nacional es un paso en la dirección correcta, resulta inaceptable que dicho reconocimiento se limite únicamente a la UBA y no se extienda al resto de las instituciones del país. El CIN hizo hincapié en que el sistema universitario argentino es federal y que todas las universidades, representando a dos millones de estudiantes, merecen un trato justo y equitativo en términos de financiamiento.
"No aceptaremos la existencia de estudiantes de primera y de segunda clase", afirmó el comunicado del CIN, instando al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar un aumento igualitario de recursos para todas las universidades públicas del país, en línea con el otorgado a la UBA. Esta declaración subraya la firme determinación de las universidades del interior en su búsqueda de justicia y equidad en el ámbito educativo y financiero.
