La devolución de fondos a los afiliados de prepagas enfrenta un nuevo obstáculo legal. La demanda gubernamental contra los aumentos excesivos de las cuotas de las prepagas sufrió un revés significativo recientemente, cuando la jueza Mercedes Maquieira decidió transferir el expediente a un proceso colectivo iniciado por numerosos ciudadanos contra el DNU de Javier Milei.
Este decreto permitió los aumentos en las cuotas, y ahora el mismo gobierno que lo autorizó se encuentra litigando junto a los afectados contra las empresas que aplicaron dichos aumentos.
La acción gubernamental buscaba, mediante un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga, detener los aumentos excesivos en las cuotas y ordenar la devolución de los montos indebidos. Además, se proponía regular los incrementos futuros según un índice establecido por el tribunal, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, varias empresas defendieron los aumentos, argumentando no solo la legitimidad de su accionar, sino también que la solicitud gubernamental buscaba anular judicialmente lo dispuesto por el propio DNU.
La jueza Maquieira remitió el caso a un proceso colectivo, reconociendo que la demanda gubernamental también representa los intereses de los millones de afiliados afectados. Además, señaló que los bienes en disputa tienen un carácter colectivo y que la demanda gubernamental se basa en la afectación del derecho a la salud, lo que la hace parte del proceso colectivo existente.
Esta decisión judicial afecta también a una demanda colectiva anterior iniciada por afiliados de prepagas contra el DNU de Javier Milei, lo que lleva a que ambos expedientes sean tramitados conjuntamente para evitar contradicciones judiciales.
En resumen, la decisión de la jueza Maquieira redefine el proceso legal en torno a los aumentos de cuotas y la devolución de dinero a los afiliados de prepagas, extendiendo los plazos y estableciendo un marco legal más complejo para resolver esta cuestión.