La comunidad de San Nicolás se enfrenta a una nueva crisis ambiental luego de que Greenpeace publicara los resultados alarmantes de un análisis realizado en la zona afectada por la explosión en la planta de la empresa Atanor. Dos meses después del trágico incidente, muestras tomadas en viviendas y espacios públicos revelaron la presencia generalizada del herbicida atrazina, generando alarma entre los residentes y activistas ambientales.
El estudio, realizado mediante hisopados en un radio que abarca desde los 150 hasta los 350 metros de la planta, confirmó la presencia del químico en todas las muestras analizadas. La atrazina, prohibida en la Unión Europea desde 2004 y restringida en Estados Unidos, es uno de los herbicidas más utilizados en Argentina, con una comercialización anual que supera las 10 mil toneladas.
Los resultados del análisis no solo confirman los impactos negativos de la fabricación de atrazina en la comunidad, sino que también reflejan denuncias anteriores y sentencias judiciales contra Atanor por contaminación ambiental. Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace, destacó la persistencia de las denuncias vecinales contra la empresa durante décadas y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
El trágico suceso del 20 de marzo, cuando un reactor para síntesis del herbicida atrazina colapsó violentamente, dejó al descubierto las prácticas cuestionables de la empresa. A pesar de la clausura temporal ordenada por la justicia y las denuncias por contaminación, Atanor continúa operando, ignorando las preocupaciones de la comunidad y desafiando las regulaciones ambientales.
La explosión no solo causó daños materiales, sino que también dejó a un trabajador herido por el derrame de ácidos, subrayando los riesgos inherentes a las operaciones de la planta. Ante la gravedad de la situación, la Justicia provincial ha intervenido, ordenando el cese inmediato de las actividades de la planta y prohibiendo la salida de camiones con residuos hasta que se garantice la seguridad.
El informe de Greenpeace y las acciones legales emprendidas contra Atanor resaltan la urgencia de abordar los riesgos asociados con el uso de la atrazina y otras sustancias tóxicas en la agricultura. La exposición a este herbicida, que puede persistir en el ambiente durante meses, plantea serias amenazas para la salud humana y el equilibrio ecológico.
Las interacciones potenciadas entre la atrazina y otros elementos ambientales, como los microplásticos y otros químicos, amplifican los riesgos y subrayan la necesidad de una regulación más estricta y una gestión responsable de los agroquímicos. En un momento en que la comunidad internacional busca soluciones sostenibles para proteger el medio ambiente, casos como el de San Nicolás sirven como un recordatorio urgente de los peligros de la contaminación química descontrolada.
