Referentes del sector junto a personas con discapacidad y sus familiares se manifestaron este miércoles en rechazo al proyecto de decreto que desregula el servicio. En la provincia hay más de 126 mil personas con discapacidad que se verán afectadas por este recorte si Nación le da vía libre a esta norma.
Instituciones, organizaciones, profesionales, transportistas especiales, personas con discapacidad y sus familiares realizaron un acto este miércoles a las 10.30 en el Monumento a la Bandera para expresar su rechazo al proyecto de decreto que desregula las prestaciones esenciales. Las manifestaciones se replicaron en todo el país y advierten que esta norma afectaría a cientos de miles de personas con discapacidad que asisten a diversas instituciones y servicios como consultorios, transporte, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas y hogares.
“Tenemos que comprender que en algún momento de nuestra vida podemos llegar a transitar una situación de discapacidad. No es un tema que afecta solo a las personas con discapacidad, trabajadores o quienes tenemos familiares con discapacidad; es una cuestión que nos involucra a todos”, resaltó Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) en diálogo con El Ciudadano.
El estado de alerta y la necesidad de visibilizar esta situación comenzaron el pasado 10 de mayo cuando se conoció un proyecto de decreto del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo (abogado del presidente Javier Milei), que desregularía el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, según un comunicado de Apridis.
El comunicado subraya que el recorte eliminaría el eje central que sostiene la estructura del Sistema Único: la accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad en el país.
“Hoy en día, cualquier persona con discapacidad que cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene garantizado el acceso sin restricciones a servicios educativos, terapéuticos, de salud, de alojamiento, de asistencia y de transporte de igual categoría y calidad”, se indica, aclarando que esta garantía irrestricta es la que este proyecto de decreto pretende desmantelar.
La titular de Apridis explicó que el acto en la ciudad forma parte de “una movilización a nivel federal cuyo eje central está en la Quinta de Olivos, donde se entregó un petitorio para que el presidente no firme el decreto que regula las prestaciones de las personas con discapacidad, rompiendo con el sistema único de atención y, de este modo, desigualando el acceso a los servicios necesarios”.
Chapero describió el contexto con el que vienen lidiando desde hace tiempo, señalando que en la provincia de Santa Fe hay más de 300 instituciones para personas con discapacidad.
A esta situación se suma la reducción significativa de transportistas que siguen brindando el servicio. “En el país hay más de 100 mil instituciones, pero están todos los profesionales de la salud y de la educación que brindan el servicio. En la provincia de Santa Fe hay más de 126 mil personas con certificado de discapacidad que serán afectadas, a las que se deben sumar sus familias”, remarcó la titular de Apridis.
“El decreto es igual a desigualdad”
Las manifestaciones no solo se realizaron en Rosario y Buenos Aires, sino también en Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán.
En el acto frente al Monumento, otra de las instituciones presentes fue la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes).
“El decreto es igual a desigualdad”, sostuvo Pablo Bolego, titular de Atraes, añadiendo que “viene a romper con la universalidad de la cobertura para prestaciones de personas con discapacidad. Aquellas que no tienen acceso a una obra social costosa y de primera línea, como el programa federal Incluir Salud o una obra social provincial, no podrán acceder a las prestaciones de la misma manera”, detalló.
“Hoy el sistema ofrece universalidad e integralidad porque se cubre el 100% de las prestaciones de manera gratuita. Esto lo viene a romper definitivamente y por eso estamos aquí denunciándolo”, señaló Bolego.
Además, el referente de los transportistas especiales también se refirió a la delicada situación por la que atraviesa el sector.
“Un 40% de los compañeros que brindaban atención a personas con discapacidad quedaron en la calle. El transporte viene transitando momentos complejos y difíciles desde la pandemia, con los aranceles devaluados, pero hablando de desregulación también tenemos que mencionar enero y febrero cuando se desregularon los combustibles, lo que casi triplicó el valor y dejó la rentabilidad por el piso de los compañeros transportistas”, concluyó.
Fotos: Juan José García
