En medio de la creciente preocupación por el brote de dengue que azota a Argentina, el Ministro de Salud, Mario Russo, ha salido a responder a las críticas y aclarar la postura del gobierno respecto a la situación epidemiológica y la exclusión de la vacuna contra el dengue del calendario nacional de vacunación.
Russo, quien había mantenido un prolongado silencio, rompió su reticencia para abordar la polémica generada por la falta de políticas públicas de salud y prevención durante este brote. En sus declaraciones, el ministro defendió las acciones de su cartera, asegurando que trabajan con una función rectora y no como prestadores de servicios.
El funcionario hizo énfasis en la importancia de la prevención y el control del mosquito vector del dengue, destacando la labor de vigilancia epidemiológica específica y la coordinación con las provincias en estrategias de combate a la enfermedad. Asimismo, abordó el tema de la vacunación, explicando que si bien se está evaluando la aplicación de la vacuna de forma segmentada y por regiones, aún se necesita más información para determinar su efectividad y los grupos etarios a vacunar.
Por otro lado, el Ministerio de Salud denunció presiones de laboratorios para impulsar una campaña masiva de vacunación contra el dengue y desestimó la inclusión de la vacuna en el calendario nacional, responsabilizando a medios de comunicación por generar miedo y confusión en la población.
En un comunicado oficial, el gobierno reafirmó su postura de no avalar decisiones que puedan poner en riesgo a los argentinos y destacó la responsabilidad de definir estrategias de inmunización basadas en la evidencia científica. Además, recordó que la vacuna contra el dengue aún no ha sido validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote actual.
El debate en torno a la vacunación contra el dengue continúa, mientras el país enfrenta una situación epidemiológica preocupante. Con el objetivo de preservar la salud de la población, el gobierno insiste en la importancia de basar las decisiones en la evidencia científica y el consenso de las autoridades sanitarias, dejando de lado cualquier diferencia partidaria en la implementación de políticas de salud pública.
