Eliminación del Fondo Compensador: Rosario deja de percibir 1.100 millones de pesos mensuales

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La eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del gobierno de Javier Milei ha tenido un impacto significativo en las finanzas de la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, que deja de recibir aproximadamente 1.100 millones de pesos mensuales. Esta decisión política se suma a los aumentos de costos derivados de la desregulación económica, lo que ha generado incrementos en productos como combustible, vehículos y neumáticos, entre otros.

En este contexto, la Municipalidad de Rosario ha obtenido la autorización del Concejo para aumentar el precio del boleto del transporte público en marzo, llevando la tarifa a $700 desde el 8 de marzo. Este incremento ha superado ampliamente la tasa de inflación, con una suba del 191,7% en el primer trimestre del año, frente a una inflación acumulada del 55,7%.

Comparando la evolución de la tarifa con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se observa un desfase significativo. Durante el período 2015-2019, la inflación acumulada fue del 278,5%, mientras que el boleto sufrió un incremento del 415,9%. En el período 2020-2022, la inflación acumulada fue del 194%, mientras que el incremento del boleto fue del 161,5%.

Estos aumentos han reducido el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando especialmente a los más vulnerables. El encarecimiento del transporte ha implicado un aumento del 15,9% en la canasta total mensual de las familias. Además, la participación del gasto mensual familiar en transporte sobre el ingreso familiar se ha incrementado en 15,2 puntos porcentuales entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.

En cuanto a la cobertura de la tarifa por parte del usuario, se observa que durante los períodos de disminución o eliminación de subsidios al transporte, los aumentos del valor del servicio recaen en los bolsillos de los trabajadores rosarinos. En marzo de 2024, con la tarifa vigente de $700, la cobertura por parte del usuario es del 52,1%, lo que refleja el impacto directo de las políticas económicas en la economía doméstica de los ciudadanos.

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