El mes de abril trae consigo importantes aumentos en diversos rubros, incluyendo el alquiler de viviendas, que ha sido especialmente afectado por el contexto inflacionario en Argentina y, en particular, en la ciudad de Rosario. Este incremento en los costos de alquiler representa un desafío tanto para los inquilinos que deben renovar contratos como para aquellos que buscan nuevas viviendas en un mercado caracterizado por la escasez de oferta.
Actualmente, existen al menos tres métodos para calcular los aumentos en los alquileres en curso. Uno de ellos está vinculado al Índice de Contratos de Locación (ICL), que se espera que aumente un 197,7% en el mes de abril. Este índice, que combina la evolución de la inflación y los salarios, afectará especialmente a los inquilinos que firmaron contratos entre julio de 2020 y octubre de 2023.
Este aumento sustancial se debe a la alta inflación registrada en los últimos meses, lo que ha impactado significativamente en los bolsillos de los inquilinos. Para muchos, afrontar este aumento representa un desafío financiero considerable y podría conducir a un aumento en la morosidad o incluso a la desocupación de viviendas.
En este contexto, es fundamental recordar que la Ley de Alquileres establece un plazo mínimo de tres años para los contratos de alquiler. Aquellos inquilinos que no puedan hacer frente al aumento del 197,7% pueden negociar con el propietario una reducción del mismo o incluso rescindir el contrato.
A pesar de la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos firmados antes de la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) deben respetar las condiciones acordadas hasta su vencimiento. Por lo tanto, los inquilinos que hayan firmado contratos entre julio de 2020 y octubre de 2023 estarán sujetos a las subas calculadas en función del Índice de Contratos de Locación (ICL) establecido por el Banco Central (BCRA).
En resumen, el aumento desmedido en los alquileres de Rosario representa un desafío significativo para los inquilinos, quienes se ven afectados por la inflación constante y la pérdida de poder adquisitivo, así como por los altos costos asociados con el acceso a la vivienda en un mercado inmobiliario cada vez más exigente.
