En sus comunicaciones, la AGN enfatizó que el financiamiento de la educación pública es un compromiso ineludible para los gobiernos, conforme lo establece la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 19, que consagra la gratuidad y equidad de la educación estatal. Sin embargo, aclaró que el control de cómo se aplican estos fondos recae en el Congreso Nacional, que dicta las leyes para garantizar este financiamiento y establece la autonomía universitaria.
Es importante destacar que la AGN es el órgano encargado del control externo de las universidades nacionales, pero este control se lleva a cabo de acuerdo con un plan anual de auditoría aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. En este sentido, la AGN subrayó que es el Congreso quien decide qué universidades se auditan y bajo qué criterios.
Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, explicó en entrevistas radiales que la elaboración de los planes de auditoría debe ser realizada por una comisión mixta entre diputados y senadores. Además, señaló que las auditorías no se limitan a aspectos contables, sino que también evalúan la gestión de los recursos, buscando detectar no solo casos de corrupción, sino también de ineficiencia en el gasto.
Es necesario, a la luz del debate público, hacer algunas consideraciones sobre el “gasto” de la educación pública.
— Presidencia AGN (@PresidenciaAGN) April 23, 2024
En primer lugar, no es una opción para los gobiernos discutir si la educación pública se financia o no.
En cuanto al proceso de auditoría, Olmos mencionó que ya se han realizado auditorías en varias universidades y se están llevando a cabo en otras, como en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. Destacó que incluso las universidades más grandes, como la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), están sujetas a este proceso, aunque requieren un tratamiento particular debido a su volumen y monto presupuestario.
La AGN concluyó su comunicado destacando su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, reafirmando su papel crucial en el control externo del sector público nacional y su contribución al perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.
La Auditoría General de la Nación, creada en 1992 por la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es un organismo autónomo con la misión de realizar auditorías y estudios especiales para asistir técnica y objetivamente al Congreso en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional. Sus acciones buscan promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos, así como contribuir a la rendición de cuentas y al perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.
Las autoridades de la AGN, conformadas por el Colegio de Auditores, garantizan la representación plural de los intereses políticos, con un presidente designado por la principal fuerza de oposición en el Parlamento y seis auditores generales designados por ambas cámaras legislativas. La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso es la encargada de aprobar el Programa de Acción Anual de control externo a desarrollar por la Auditoría, asegurando así la supervisión y la transparencia en sus actividades.
