El presidente Javier Milei ha delegado al ministro de Economía, Luis Caputo, la supervisión de los fondos fiduciarios mediante el Decreto 215/2024, publicado en el Boletín Oficial. Esta acción otorga al Ministerio de Economía la dirección y conducción de todos los fondos fiduciarios vinculados total o parcialmente con bienes y fondos del Estado Nacional, así como la responsabilidad de llevar a cabo una auditoría integral sobre la gestión de dichos recursos.
El documento oficial establece que en casos donde el Congreso haya designado a un organismo diferente como fiduciante, el Ministerio de Economía debe emitir su opinión antes de cualquier instrucción al fiduciario. Además, se ha encomendado una auditoría de los fondos fiduciarios al Ministerio de Economía, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación o mediante la contratación de consultores independientes externos, en un plazo de 60 días.
La medida, que permite una prórroga única del plazo por un periodo igual, busca un mayor control sobre el otorgamiento y uso de los fondos fiduciarios, considerados por el presidente como "cajas negras de la política". El decreto destaca la necesidad de examinar la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos, haciendo referencia a un informe de la SIGEN que reveló deficiencias en los procedimientos administrativos y la falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo.
Además, se enfatiza la colaboración necesaria de los organismos responsables en la implementación de estas medidas. El Gobierno argumenta que esta decisión busca garantizar la transparencia y trazabilidad en la asignación de recursos, así como fortalecer las actividades de recupero y gestión de morosidad.
Los fondos fiduciarios, fideicomisos públicos utilizados para financiar obras y proyectos gubernamentales, son transferencias de bienes o sumas de dinero administradas por entidades fiduciarias en beneficio del Estado. Actualmente, existen 29 fondos fiduciarios, compuestos por fondos provenientes de impuestos, gravámenes o transferencias directas del Estado nacional. Durante el año 2023, 16 de estos fondos recibieron más de US$1.000 millones, según datos del último año de gestión de Alberto Fernández.
