La decisión del gobierno de avanzar en la eliminación de fondos fiduciarios por un total de 2 mil millones de dólares fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó la falta de transparencia en estos fondos y su conexión con prácticas políticas opacas.
El recorte previsto representa un ajuste equivalente a medio punto del Producto Bruto Interno (PBI), según explicó Adorni al fundamentar la medida. Se argumentó que estos fondos carecen de transparencia y son utilizados como herramientas de maniobra política.
La decisión, que había sido adelantada por el presidente Javier Milei en entrevistas previas, estaba incluida en una ley base que no logró avanzar en el Congreso, ya que el proyecto fue retirado por el Ejecutivo. La falta de consenso se evidenció especialmente en el debate sobre el artículo 4°, que otorgaba al presidente la facultad de modificar o eliminar fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal.
El Poder Ejecutivo ahora procederá a eliminar estos fondos fiduciarios mediante decreto, en línea con lo anticipado por Milei. Aunque Adorni no especificó cuáles serán los fondos afectados en esta primera etapa, se mencionan ejemplos como el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), utilizado en proyectos de urbanización en ciudades como Rosario, así como el "Procrear", el Fondep, el Estabilizador de Trigo Argentino y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.
Esta medida representa un paso significativo en el compromiso del gobierno con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, marcando un cambio en la gestión de fondos fiduciarios que anteriormente estaban sujetos a prácticas controvertidas y poco claras.
