En una jornada cargada de tensiones políticas y judiciales, el Gobierno argentino advirtió que, en caso de no aprobarse la ley Ómnibus, se procederá a realizar ajustes en las partidas destinadas a las provincias, generando un fuerte cruce con algunos gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene su pulso con el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del presidente Javier Milei.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó este martes la firme postura del Gobierno ante las críticas de gobernadores, asegurando que, de no aprobarse la ley Ómnibus, se revisarán "sin contemplación" todas las partidas destinadas a las provincias. El gobernador Pullaro, por su parte, ha instado a los diputados de Santa Fe a votar en contra del proyecto si no se elimina la suba de retenciones a las economías regionales, alegando que el gobierno central no comprende las particularidades de Santa Fe y su sector productivo.
En paralelo, la CGT continúa su batalla legal contra el DNU de Milei. La Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal ratificó que el amparo de la CGT seguirá tramitando ante la justicia del Trabajo, que ya ha dictado seis cautelares suspendiendo los efectos del capítulo laboral de dicho decreto. Mientras tanto, el juez Enrique Lavié Pico rechazó dos amparos presentados contra la totalidad del DNU, argumentando que el mismo se encuentra en trámite normal ante el Congreso de la Nación.
El escenario político y judicial se torna cada vez más complejo, con gobernadores exigiendo cambios en proyectos de ley clave y la CGT desafiando la desregulación económica propuesta por el gobierno de Milei. La tensión alcanza su punto álgido en vísperas de un paro general de 12 horas convocado en rechazo a las reformas gubernamentales. La Argentina se encuentra en un momento crucial, donde las decisiones legislativas y judiciales definirán el rumbo político y económico del país en los próximos meses.
