Hace apenas una hora, la Asociación Médica de Rosario (AMR) emitió un comunicado urgente, solicitando a las entidades financieras privadas la actualización de los honorarios médicos.
Este llamado se fundamenta en la necesidad de equiparar los ajustes realizados por las empresas de salud en respuesta a las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional.
La AMR también destaca la importancia de acortar los plazos de cobro a no más de 30 días después de la prestación del servicio, subrayando que los profesionales de la salud no deben convertirse en la variable de ajuste del sistema. En el comunicado, expresan: "Entendemos que nuestro reclamo es justificado, y no hay razones para demorar esta actualización, incluso ante posibles incrementos en el corto o mediano plazo".
Además de exigir la revisión de honorarios, la Asociación insiste en la implementación de valores de referencia ajustables, respaldando un proyecto de ley provincial presentado por el Colegio de Médicos el pasado noviembre. En este contexto, proponen que la AMR se encargue de gestionar el cobro de todos los honorarios de consultas médicas.
La preocupación de la AMR va más allá de los asuntos financieros. En su declaración, destacan que la desregulación en el sector de la salud, que se inició en 1993, tendrá consecuencias directas en la cobertura. Alertan sobre una posible caída tanto en la seguridad social como en las prepagas, agravada por la prescindencia del Estado. Esto, según la AMR, resultará en un acceso a la salud limitado por la capacidad de pago de las personas.
En el comunicado, la AMR sostiene que la salud es un derecho fundamental y no un bien de mercado. Aunque confían en la razonabilidad de las discusiones en curso, advierten sobre la posibilidad de que la falta de regulación genere inequidades, especialmente con el encarecimiento sostenido de medicamentos, transformando la salud en un bien de mercado más que en un derecho esencial.
AMR reitera su disposición a participar en discusiones sobre el sistema de salud y sus posibles cambios, subrayando la importancia de consensos que garanticen la plena vigencia del estado de derecho y eviten la limitación del acceso a la salud basada en la capacidad financiera.
