El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, volvió a citar a la fiscal general del país, Consuelo Porras -a quien públicamente le reclamó la renuncia-, después de que la funcionaria judicial rechazara una invitación prevista para el miércoles, pero esta vez la convocó al Consejo de Ministros, encuentro al que está obligada a acudir, según las leyes guatemaltecas.
“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del Ministerio Público y no por la fiscal (…). De fondo, la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a la reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, explicó Arévalo.
Para el gobierno la renuncia de la fiscal es una “demanda generalizada” en la sociedad guatemalteca
En una rueda de prensa, el recientemente asumido mandatario explicó que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece “que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligada a concurrir a esta junta”.
“Es decir, la fiscal debe venir el lunes”, zanjó Arévalo, quien rechazó opinar sobre la ausencia de Porras a la primera cita alegando que la población sacará sus propias conclusiones, informó la agencia de noticias Europa Press.
Sin embargo, aseguró que la renuncia de la fiscal es una “demanda generalizada” en la sociedad guatemalteca.
“No voy a renunciar”
“La fiscal general es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción; la demanda de su renuncia es una demanda generalizada dentro de la sociedad guatemalteca”, remató Arévalo.
Horas antes, Porras anunció que no asistiría al encuentro con Arévalo y que no renunciará a su cargo, ya que está amparada por la Constitución, que establece un mandato de cuatro años, es decir, hasta 2026.
“Cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años y, en consecuencia, no voy a renunciar”Consuelo Porras, Fiscal General
“Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacer saber que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años (…) y en consecuencia no voy a renunciar”, dijo Porras, impulsora de una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura Arévalo el 14 de enero pasado.
El 18 de enero, cuatro días después de asumir como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión con él, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia, como previamente lo había anunciado. Porras faltó a la cita y le respondió al presidente a través de un video en redes sociales.
Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.
“La Constitución es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, insistió la fiscal, citada por la agencia de noticias AFP.
Además, aseguró que el Ministerio Público no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención alguna en el ejercicio de sus funciones”.
Una fiscal cuestionada
Porras, de 70 años y catalogada por Estados Unidos desde 2021 como “corrupta” y “antidemocrática”, es acusada por Arévalo y la comunidad internacional de “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial con sus cuestionadas investigaciones.
La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que el político socialdemócrata diera la sorpresa al colarse al balotaje en los comicios de junio. También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.
Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera la presidencia. En respuesta, Porras exhortó al mandatario a dejar “su discurso anticorrupción” y reemplazarlo por “una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca”.
