Motosierra y liberalización amenazan a Pymes endeudadas
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la región se encuentran en una encrucijada económica marcada por dos problemas cruciales: la caída del consumo interno y la apertura importadora de bienes finales.
El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei ha generado una merma en el mercado interno, desplazando la preocupación por la falta de insumos hacia la pérdida de ventas y la competencia desigual.
El dilema inicial de la dificultad para importar insumos debido a la deuda acumulada ha dado paso a un escenario más crítico. La caída de las ventas en el mercado interno, combinada con la apertura de barreras arancelarias para productos terminados, coloca a las Pymes en una posición desfavorable frente a competidores extranjeros.
El nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (Sedi), destinado a reemplazar a la Sira, no ha resuelto el problema central de la deuda con proveedores del exterior. Aunque se ha lanzado el Bono para Cancelar Deuda Comercial (Bopreal), las Pymes importadoras consideran que esta medida no atiende sus necesidades, ya que está dirigida principalmente a empresas con casas matrices en el extranjero.
La deuda acumulada de las Pymes con proveedores extranjeros se estima en alrededor de 3 mil millones de dólares, y la falta de claridad en las soluciones propuestas aumenta la incertidumbre en el sector industrial. El Bopreal no ha tenido el éxito esperado en las licitaciones, y su percepción en el mundo financiero es negativa.
Ante la falta de opciones efectivas, las Pymes esperan la implementación de un nuevo cronograma de pagos al exterior propuesto por el Banco Central. Este plan contempla el pago del 25% de la mercadería cada 30 días hasta alcanzar los 120 días para saldar la totalidad de la deuda. Sin embargo, aún no se ha comprobado la efectividad de este enfoque, ya que no han transcurrido los primeros 30 días desde su anuncio.
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Roberto Lenzi, destaca la complejidad actual para las empresas, especialmente aquellas con materia prima importada. La preocupación se centra en la falta de insumos, la caída de las ventas y la posibilidad de competir en desventaja frente a la apertura importadora indiscriminada.
La Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) y otros referentes del sector prefieren mantener la cautela mientras esperan reuniones con funcionarios nacionales y la definición de iniciativas legislativas, como la Ley Ómnibus, que podría afectar las retenciones a las exportaciones. La unificación de la alícuota exportadora al 15% genera preocupación en varios sectores industriales, considerándola un castigo al desarrollo y la generación de empleo.
En este contexto, la incertidumbre económica persiste, y los empresarios buscan soluciones concretas para enfrentar la crisis que afecta a las Pymes endeudadas y amenazadas por la apertura importadora y los cambios legislativos propuestos.
Advertencia de ambientalistas por "Ley Ómnibus
Más de 80 organizaciones ambientales y sociales han levantado su voz en un acto conjunto al expresar su rechazo al proyecto de "Ley Ómnibus" enviado por el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa, parte de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", ha sido calificada por los ambientalistas como un intento de retroceso en la legislación ambiental, siendo considerada ilegal e inconstitucional.
Las reformas propuestas, que forman parte del Capítulo III del Título VI de la mencionada iniciativa, buscan modificar leyes existentes relacionadas con la protección ambiental, como la Ley de Bosques, la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, la Ley de Glaciares y la Ley Federal de Pesca.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que el proyecto, bajo la premisa de la libertad, busca avanzar sobre ecosistemas protegidos, otorgando beneficios económicos a sectores como la minería, la agricultura y el sector hidrocarburífero. Esto, según el comunicado de las ONG, se hace a expensas de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas.
La propuesta ha generado preocupación entre las organizaciones, ya que implica una disminución de los niveles de protección ambiental alcanzados hasta el momento. Además, se considera que la iniciativa vulnera el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente.
En este contexto, las organizaciones instan a la Cámara de Diputados a rechazar estas propuestas, argumentando que van en contra de principios jurídicos y de la normativa nacional e internacional, poniendo en riesgo los compromisos asumidos por el país en foros multilaterales ambientales. La discusión en el Congreso sobre este proyecto de ley se presenta como un punto crítico en la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad en Argentina.
