El Gobierno de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra Texas por considerar “inconstitucional” una Ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en ese estado fronterizo con México y permite detenerlos.
En diciembre, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, había promulgado la llamada Ley SB4 que convirtió en delito penal la entrada ilegal a ese estado del sur estadounidense desde un país extranjero y prevé hasta 20 años de prisión por reincidencia.
En virtud de esta normativa, que supuestamente entraría en vigor en marzo, las autoridades podrían detener a los migrantes sin documentación y los jueces estarían habilitados a expulsarlos.
El Gobierno federal, que regula la migración y gestiona las fronteras, contraatacó en los tribunales.
En un comunicado, el Departamento de Justicia afirmó haber presentado “una demanda contra el estado de Texas para impugnar” la Ley con el fin de que se declare la invalidez de la SB4, informó la agencia de noticias AFP.
“Es claramente inconstitucional”, afirmó la fiscal general adjunta, Vanita Gupta, citada en la nota.
La Constitución impide a los estados “adoptar leyes migratorias que interfieran con el marco promulgado por el Congreso”, añade.
En el pasado, la Corte Suprema ha confirmado que las decisiones relacionadas con la expulsión de extranjeros del país afectan “a las relaciones exteriores y deben tomarse con una sola voz”, recuerda el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden.
México se sumó al rechazo
Tras la acción judicial, la Cancillería mexicana indicó en un comunicado que “toma nota de manera favorable” de la iniciativa del Gobierno de Biden y recordó su condena a la ley migratoria de Texas.
México expresó “su rechazo ante la implementación de esta medida antiinmigrante que pretende detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales que atentan contra los derechos humanos”, se asegura en el texto.
La crisis migratoria provoca fuertes tensiones entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, sumidos actualmente en arduas negociaciones en el Congreso, donde los conservadores han supeditado el visto bueno a un paquete de ayuda a Ucrania, a un endurecimiento de la política para frenar la migración.
El forcejeo político se tensa a medida que se acercan las presidenciales de noviembre de este año.
El expresidente republicano Donald Trump, posible rival de Biden en esos comicios, declaró que los migrantes “envenenan la sangre” de Estados Unidos.
Tanto Abbott como Trump son partidarios de levantar un muro a lo largo de la frontera con México y de expulsar masivamente a los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos que huyen de la violencia y la pobreza.
En diciembre, las autoridades estadounidenses interceptaron a diario a unos 10.000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde México, la cifra más alta desde que comenzó en 2021 el mandato de Biden. Los republicanos consideran que es un “desastre humanitario”.
México acordó tanto con Biden como con su predecesor, el republicano Donald Trump, acoger, al menos temporalmente, a migrantes que tratan de entrar a Estados Unidos.
Abbott, un republicano de línea dura, desafía a Biden al enviar miles de migrantes a ciudades del norte gobernadas por los demócratas.
En tanto, los alcaldes de Nueva York, Denver y Chicago presionaron a Biden para que les aumente la asignación de recursos federales porque afirman haber llegado a un punto crítico.
