La CGT, las dos CTA y otras organizaciones marchan hacia Tribunales en rechazo al DNU de Milei, mientras Patricia Bullrich advierte que los manifestantes deberán limpiar y dejar la plaza en condiciones, en un desafío al protocolo antipiquetes.
La ciudad de Buenos Aires se convierte nuevamente en el escenario de una manifestación masiva, esta vez en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), y partidos de izquierda encabezan la movilización que se dirige hacia Tribunales, desafiando el protocolo antipiquetes.
La concentración, bajo la consigna "Abajo el DNU", comenzó alrededor de las 10 de la mañana y tiene como punto central la plaza frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño. El objetivo principal es respaldar una presentación judicial que busca frenar los alcances del mega DNU que desregula la economía y deroga múltiples leyes, incluyendo algunas de índole laboral.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó el gesto de la CGT al presentar una solicitud para realizar el acto en la plaza y lo consideró un "hito en las formas de llevar a cabo manifestaciones en espacios públicos". Sin embargo, advirtió que los manifestantes tendrán la responsabilidad de "limpiar y dejar la plaza como se la entregaron", haciendo referencia al protocolo de orden público que busca mantener la convivencia y el orden durante las manifestaciones.
La implementación del protocolo antipiquetes impide el corte de calles, y las fuerzas de seguridad se desplegaron en diversos puntos de la ciudad y especialmente en los alrededores de la plaza Lavalle. Bullrich reiteró la importancia de mantener el orden y la convivencia en el país, enfatizando que la manifestación debe llevarse a cabo de manera ordenada y sin afectar la movilidad de los ciudadanos.
Este nuevo episodio de movilización y las medidas de seguridad implementadas plantean un desafío tanto para los manifestantes como para las autoridades, en un contexto político cada vez más polarizado.
