El exdiputado nacional se presenta en San Isidro bajo la sospecha de haber recibido una transferencia de 200.000 dólares vinculada a una organización del empresario condenado Federico "Fred" Machado.
La Justicia federal avanza en una de las causas que más impacto político genera en el arco legislativo y financiero. El exdiputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, debe presentarse este martes a partir de las 10:30 ante los tribunales federales de San Isidro para prestar declaración indagatoria. El economista se encuentra imputado por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de una investigación que rastrea el origen de fondos utilizados durante sus campañas políticas previas.
La citación firmada por el juzgado interviniente se produce tras la acumulación de peritajes contables y cruces bancarios que habrían detectado inconsistencias severas en el patrimonio del dirigente. La mira está puesta sobre una transferencia financiera de 200.000 dólares que el legislador con mandato cumplido habría percibido en su entorno comercial. Los peritos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) determinaron que esos fondos procedían de una estructura jurídica controlada por el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, quien fue condenado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y operaciones ilegales de lavado de dinero.
El llamado a indagatoria representa un punto de inflexión en el expediente judicial, dado que implica que el Ministerio Público Fiscal y el juez de la causa consideran que existen elementos de sospecha suficientes para presuponer la comisión de un ilícito penal. La defensa técnica del economista intentó en reiteradas oportunidades dilatar la convocatoria mediante la presentación de nulidades respecto a los informes bancarios internacionales, planteos que fueron sistemáticamente rechazados por la Cámara Federal de San Martín al ratificar la validez de las pruebas recolectadas.
La conexión con Federico Machado y la ruta de los fondos
La investigación penal se originó a partir de las alertas de operaciones sospechosas que emitieron los bancos locales tras recibir giros en moneda extranjera desde cuentas radicadas en paraísos fiscales. Al analizar la ruta del dinero, los sabuesos judiciales comprobaron que los 200.000 dólares bajo la lupa fueron ingresados al circuito financiero doméstico a través de una sociedad anónima de fachada que no registraba actividad comercial genuina ni empleados en relación de dependencia en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los vínculos entre el dirigente político y el empresario Federico Machado no son nuevos para la opinión pública, pero esta es la primera vez que se traducen en una imputación de carácter penal con citación a indagatoria. Machado, arrestado por Interpol en la provincia de Neuquén en abril de 2021 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, fue señalado por las agencias internacionales como el presunto financista y facilitador logístico de varias estructuras políticas en América Latina mediante el préstamo de aeronaves privadas y aportes de dinero en efectivo no declarados.
Los peritos económicos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) entregaron un informe complementario al juzgado de San Isidro donde detallan que la transferencia cuestionada coincide temporalmente con el despliegue logístico de la campaña electoral del año 2019. En aquel proceso electoral, el entonces candidato a presidente por el Frente Despertar utilizó de forma recurrente un avión privado biturbo hélice matrícula norteamericana, cuya propiedad y costos operativos estaban directamente vinculados a las firmas comerciales de Machado.
Las auditorías contables y la estrategia de la defensa
La comparecencia de Espert ante el juez federal de San Isidro estará centrada en el descargo que realice sobre la documentación respaldatoria de sus ingresos corrientes. El exdiputado adelantó ante sus asesores que presentará un escrito pormenorizado donde argumentará que los fondos percibidos correspondieron a honorarios profesionales legítimos por servicios de consultoría económica y la venta de derechos de autor de sus publicaciones, negando cualquier tipo de conocimiento sobre las actividades marginales del emisor de las transferencias.
La estrategia de la fiscalía se apoya en el principio de que los profesionales del sector económico poseen un estándar superior de responsabilidad en la verificación del origen de los fondos que manejan, conocido técnicamente en la jerga de compliance como la debida diligencia del cliente. Los investigadores sostienen que el monto de la transferencia resulta desproporcionado respecto a los valores promedio de mercado para los servicios que el imputado alega haber prestado a la firma vinculada con el empresario condenado en Norteamérica.
"El volumen de la operación financiera y la falta de contratos formales firmados antes del desembolso de los dólares constituyen indicios graves de una simulación comercial orientada a blanquear activos de origen ilícito", señala un fragmento del requerimiento fiscal de citación al que tuvieron acceso fuentes tribunalicias. El juzgado dispuso un operativo de seguridad especial en las inmediaciones de los tribunales de San Isidro previendo la llegada de manifestantes y la cobertura de los medios de comunicación nacionales ante el impacto de la medida.
Implicancias penales y el futuro político del economista
El delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal argentino, contempla penas que van de los tres a los diez años de prisión, además de la aplicación de multas económicas que pueden multiplicar por hasta diez veces el valor de los bienes que formaron parte de la maniobra ilegal. Por su condición de exfuncionario público y legislador al momento en que avanzaron tramos clave de la pesquisa, la fiscalía podría evaluar agravantes en caso de requerir un futuro procesamiento.
El desenlace de esta jornada en los tribunales de San Isidro marcará la pauta del trámite procesal durante la segunda mitad del año. Tras la declaración del imputado, el magistrado a cargo de la causa dispondrá de un plazo legal de diez días hábiles para resolver la situación procesal de José Luis Espert, dictando su procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito para procesar o sobreseer. La resolución afectará de manera directa las negociaciones que las diferentes vertientes del liberalismo vernáculo mantienen de cara a la reconfiguración de liderazgos espaciales en la provincia de Buenos Aires.
La causa reactivó asimismo los reclamos de diversos bloques de la oposición en la Legislatura y el Congreso Nacional para endurecer los controles sobre el financiamiento de los partidos políticos y las fundaciones técnico-profesionales que actúan como satélites de las campañas electorales. Expertos en derecho penal internacional explican que las causas por lavado que involucran alertas de agencias extranjeras suelen avanzar con mayor velocidad debido a los convenios de reciprocidad y al flujo constante de información financiera que no depende de los tiempos políticos de la justicia local.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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