El oficialismo prevé superar el centenar de designaciones tras la próxima sesión, con el objetivo de cubrir las vacantes en los tribunales federales.
El gobierno de Javier Milei consolidó una fuerte aceleración en su estrategia para moldear el Poder Judicial.
Esta dinámica sitúa a la administración libertaria en un escenario inédito de acumulación de nombramientos para una gestión que carece de mayorías automáticas en el Congreso de la Nación. De concretarse las proyecciones del Ministerio de Justicia, coordinado por Juan Bautista Mahiques, Milei superará el volumen de designaciones alcanzado por Mauricio Macri durante toda su gestión, ubicándose únicamente por detrás de los registros históricos de las administraciones kirchneristas, que mantuvieron el control del Senado durante extensos períodos institucionales.
El avance oficialista cobra relevancia en un contexto donde el Poder Judicial arrastra una parálisis estructural por vacancia. Según estimaciones del sector, alrededor del 36% de los cargos de la magistratura federal permanecen sin titulares asignados. La estrategia del Poder Ejecutivo consiste en coordinar con el Consejo de la Magistratura el envío continuo de ternas y carpetas, proyectando cubrir un total de 300 vacantes antes de la finalización del período legislativo, distribuyendo tandas de entre 20 y 30 expedientes en cada convocatoria parlamentaria.
El mapa de los nombramientos y el avance en los fueros estratégicos
El paquete de pliegos que analiza la Comisión de Acuerdos del Senado contempla designaciones clave en los tribunales orales y las cámaras de apelaciones de diversas provincias, con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
Entre las designaciones más significativas que obtuvieron luz verde se encuentra la de Yamile Bernan como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Asimismo, ingresaron nombramientos de peso para los Tribunales Orales Federales (TOF) de La Plata, como los de Claudio Ricardo Silvestri y Pablo Ezequiel Wilk, este último con trayectoria en el juzgado federal de Quilmes. El recambio también abarca la estructura de las defensorías de víctimas y fiscalías de primera instancia, áreas sensibles para la implementación plena del sistema acusatorio a nivel nacional.
La celeridad del tratamiento legislativo responde a acuerdos políticos transversales tejidos por los operadores de La Libertad Avanza con bloques provinciales y sectores del justicialismo dialoguista. Esta articulación parlamentaria permitió destrabar carpetas que permanecían cajoneadas desde el año 2023, heredadas del tramo final de la gestión del Frente de Todos, y dar cauce a las nuevas ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, que acumula más de un centenar de revisiones técnicas pendientes de resolución.
Negociaciones cruzadas en el Senado y el debate por la Corte Suprema
El despliegue de nombramientos se produce en paralelo a otras discusiones de fondo que alteran el equilibrio de la justicia federal. La Casa Rosada mantiene abiertas las mesas de negociación para avanzar con la limitación del mandato del Procurador General de la Nación, cargo interino que hoy ocupa Eduardo Casal, promoviendo una reforma que fije un tope temporal a una función que actualmente es de carácter vitalicio.
En el plano de las objeciones, el proceso no estuvo exento de tensiones internas. El Ejecutivo optó por retirar de las consideraciones el pliego de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, una decisión refrendada por el presidente Milei mediante sus canales oficiales de comunicación, bajo el argumento técnico de que el tribunal asignado no se encuentra plenamente habilitado en términos operativos.
"La prioridad absoluta de este ministerio es normalizar el funcionamiento de los juzgados federales que tienen competencia directa sobre el crimen organizado y los delitos complejos", señalaron fuentes oficiales al evaluar el impacto de la reforma en marcha. El oficialismo confía en que el volumen de pliegos aprobados actúe como un elemento de presión para reactivar, tras el receso invernal, el tratamiento de las candidaturas pendientes para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, un expediente de mayor densidad política que requiere mayorías agravadas de dos tercios en el recinto.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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